Política Chile

ESPECIAL A 47 AÑOS DEL GOLPE

171 mapuche ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en Dictadura

El Informe sobre ejecutados y desaparecidos entre 1973 y 1990, pertenecientes a la Nación Mapuche”, de los investigadores Hernan Curiñir Lincoqueo Historiador, Pablo Silva Carrasco y Conrado Zumelzu Zumelzu, da cuenta de 170 mapuche detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Viernes 11 de septiembre | 11:41

Foto: Ingrid Painemilla, óleo sobre lienzo.

El informe fue realizado por la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Unión Europea, y tenía como objetivo “la realización de un proyecto que propenda al rescate de la memoria por delitos de lesa humanidad, sucedidos durante la dictadura militar en Chile, cometidos por agentes del Estado”, información que ha sido recogida en los informes Rettig, la Comisión de Nuevo Trato y otros organismos como el Museo de la Memoria y los derechos Humanos.

En la introducción se indica que “hemos encontrado 171 casos, 36 casos más a saber, vinculadas a las víctimas mapuche reconocidas por el Estado de Chile; que fueron oportunamente investigadas por las distintas comisiones establecidas para el efecto”. Los casos abarcan desde un menor de 1 año de edad, hasta una persona de 73 años.

También se plantea la hipótesis de que “el asesinato de muchos de ellos está vinculado a la tenencia de la tierra, (muchos de ellos pertenecían a algún asentamiento originado por la Ley de reforma Agraria), como queda establecido por ejemplo en las comunas de Lautaro; Galvarino, Panguipulli, entre otras. También consignamos que la mayoría de las víctimas, figuran como detenidos desaparecidos”.

El “Informe sobre ejecutados y desaparecidos entre 1973 y 1990, pertenecientes a la Nación Mapuche” plantea también la relación entre el Estado de Chile y la nación mapuche desde el contexto republicano marcado por “la pérdida de su territorio y la desaparición de sus comunidades o su asimilación forzada” (p. 11), complementada con la política de “paz forzada” y ocupación de las tierras mapuche, junto a la “integración” bajo la lógica de la asimilación, durante las primeras décadas post republicanas.

Ley de Reforma Agraria

El Informe señala que la ley de reforma agraria de 1962 fue tremendamente exigua, sin embargo la movilización de las comunidades mapuche se acrecentó con la política de recuperación de tierras, tomas y corrimiento de cercos, lo que significa que “para fines de 1970, las tierras tomadas superaban las 100 mil hectáreas, dentro de un clima extremadamente tenso” (p. 56). Durante el gobierno de la Unidad Popular existió una política coordinada de devolución de tierras y profundización de la reforma agraria, con la expropiación de “574 fundos con una superficie de 636.288 hectáreas”.

El golpe de Estado y el terror de la dictadura cívico-militar

Tras el golpe de Estado se descargó toda la maquinaria represiva de los militares con la ayuda de grupos de civiles y empresarios. En el caso de las comunidades mapuche esta represión se dirigió especialmente a quiénes fueron parte del proceso de recuperación de tierras y reforma agraria, con una fuerte y violenta represión, destinada también a devolver las tierra a los empresarios y latifundistas. El informe indica solo en la IX Región “135 casos de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición y más de 400 víctimas de detención y tortura en cerca de 83 recintos de detención; además se inició una política contraria a todas las conquistas de los últimos años y especialmente de enajenación de tierras y aplicación del terrorismo de Estado generalizado contra las comunidades. Otras comisiones o investigaciones señalan que las cifras son aun mayores en el caso de la represión hacia los mapuche.

Algunos atribuyen esta dura represión “a la alta presencia de hacendados descendientes de colonos centroeuropeos” y que buscaban revancha por el proceso de recuperación de tierras. El informe indica también que en el relato oficial, el tema étnico no aparece, sino que se invisibiliza “bajo la categoría de obreros o campesinos chilenos”. Entre otros puntos, se señala también el nacimiento de varias organizaciones mapuche durante la dictadura.

El informe incluye un listado de las víctimas, relatos respecto de los antecedentes de cada caso, fotografías y otro material documental, como también se propone el desafío de “determinar quién o quiénes son hoy los poseedores de esa tierra. Por qué vía se les hizo el traspaso, entendiendo que el origen del conflicto actual, es la punta del iceberg ante la imposición de un modelo económico, social y político impropio, que tiene 134 años (desde la fundación del fuerte de Temuco”.






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