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DECLARACIÓN

Medidas urgentes para encarar la crisis sanitaria en el Perú

La cuarentena y el aislamiento social, acompañados de iniciativas pro empresariales como el rescate millonario a los bancos, la subvención de las planillas de los empresarios y la suspensión perfecta, vienen mostrando sus límites, por eso el número de infectados, fallecidos y desempleados crece todos los días. Urge discutir una alternativa que ponga en el centro los intereses de los trabajadores y el pueblo.

Domingo 3 de mayo

Fotos: Redes Sociales

La cuarentena y el aislamiento social, acompañados de iniciativas pro empresariales como el rescate millonario a los bancos, la subvención de las planillas de los empresarios y la suspensión perfecta, vienen mostrando sus límites, por eso el número de infectados, fallecidos y desempleados crece todos los días. Urge discutir una alternativa que ponga en el centro los intereses de los trabajadores y el pueblo.

El pueblo en un inicio recibió con mucha ilusión las medidas del Gobierno, ya que fueron presentadas por los publicistas al servicio del régimen, como lo más avanzado y lo único que se podía hacer en situaciones de esta naturaleza.

Este estado de animo de la población se manifestó en el incremento de la popularidad presidencial al 87%. Por esa razón, algunos sectores de la izquierda reformista no dudaron en poner sus técnicos al servicio de Martín Vizcarra, como es el caso del actual ministro de Salud, Víctor Zamora, o Farid Matuk. De esa manera, se trató de construir un discurso hegemónico donde el “yo me quedo en casa” era lo único real y posible, con ello, lo que se trataba de lograr era un espíritu de unidad nacional que saque de la discusión los problemas estructurales del país, como: el desabastecimiento de los hospitales, la falta de presupuesto del sector salud, los grandes beneficios de los empresarios, la precarización laboral, la falta de servicios esenciales para los sectores populares, entre otros.

Todo ello, aunado a una estrategia sin norte, como es el caso de la cuarentena a secas o cuarentena sin brújula, ha generado no solo la propagación abrumadora del virus - hoy tenemos 42.534 casos positivos, de los cuales 5.098 se encuentran hospitalizados y 1.200 han fallecido – lo cual rompe todas las estimaciones hechas por los especialistas del Gobierno, además empieza a generar descontento social, el cual se relaciona a la pérdida de miles de puestos de trabajo y a la falta de medidas sociales compensatorias para estos sectores, muchos de los cuales, abrumados por la desesperación, han emprendido penosas caminatas desde las principales ciudades del país (Lima, Arequipa, Tacna, Trujillo, entre otras) hasta sus regiones de origen, con la ilusión que allí encontraran mejores condiciones de subsistencia.

De esa manera, el Gobierno en lo que va de la crisis se va debelando como fiel custodio del gran capital, por eso, medidas como los rescates financieros a los bancos con más de 30 mil millones de soles, la subvención del 35% de la planilla de los empresarios, así como la suspensión perfecta que legaliza los despidos masivos, han sido hasta ahora las principales medidas “compensatorias” que ha aplicado el ejecutivo, con lo cual ha puesto sobre los hombros del pueblo trabajador las consecuencias de esta crisis.

Para revertir esta situación, las y los trabajadores y los sectores populares debemos empezar a construir nuestras propias salidas. Es en ese entender que a continuación ponemos a discusión una serie de medidas transicionales que, desde nuestro punto de vista, evitarían que esta crisis de dimensiones profundas la terminemos pagando los trabajadores y el pueblo pobre.

1. Suspensión de actividades económicas no esenciales. Prohibición de despidos y licencias pagadas al 100% del sueldo.

Mientras el Gobierno de Vizcarra, de la mano de los grandes medios de comunicación, critica todos los días la supuesta “irresponsabilidad” de los trabajadores y sectores populares quienes, para poder subsistir, se ven obligados a salir de sus casas en busca de trabajo, vemos que el trato hacia los grandes empresarios de la minería, los servicios y otros sectores es preferencial ya que, como lo demuestran diversas denuncias sindicales y periodísticas, ellos sí tienen carta libre para incumplir la cuarentena y obligar a sus trabajadores a laborar en áreas no esenciales y sin contar con los mínimos implementos de bioseguridad. Además de ello, el Gobierno les concede salvatajes financieros como los 30 mil millones otorgados a los bancos, la subvención estatal del 35% de sus planillas y últimamente la facultad legal para despedir masivamente a sus trabajadores a través de la “suspensión perfecta”.

Por eso, es necesario exigir al Gobierno que prohíba los despidos, derogue la “suspensión perfecta”, establezca como obligatorio el pago de licencias al 100% y que se cumpla la suspensión de actividades no esenciales. Y que cada empresa que deje en la calle a familias obreras, que viole disposiciones de suspensión de actividades, o recorte salarios, sea expropiada sin pago y puesta a producir bajo control de sus trabajadores en función de las necesidades más urgentes de la sociedad (insumos médicos y productos de primera necesidad), bajo estrictas condiciones de seguridad e higiene para las y los trabajadores.

Foto: LID Perú

2. Centralización y nacionalización inmediata del sistema de salud.

El desarrollo de la crisis sanitaria, la cual se manifiesta en la propagación masiva de infectados del COVID-19, ha puesto en evidencia que la fragmentación del sistema sanitario, expresada en la coexistencia de servicios sanitarios públicos y privados, es un serio problema. A este serio problema, habría que sumarle la mercantilización de los servicios de salud, encarnados especialmente por las clínicas, laboratorios y farmacias privadas.

Ante esto, sostenemos que es indispensable la centralización de todo el sector salud —público y privado— bajo control de las y los trabajadores del sector, y la nacionalización sin pago de hospitales y clínicas del sector privado. Toda la infraestructura, los insumos y los equipos de clínicas y hospitales deben estar a disposición de las necesidades de toda la población, al igual que los grandes laboratorios farmacéuticos, las empresas de capital extranjero que producen insumos para el sector salud, las cadenas de farmacias y los laboratorios de análisis clínicos, para ponerlos al servicio de todo el pueblo.

Foto: Sitio web de la Clínica Javier Prado

3. Aumento inmediato del presupuesto al sector salud para garantizar todos los insumos e infraestructura necesaria. Planes de ayuda que garanticen la cobertura de todas las necesidades básicas de las familias que se quedaron sin ingresos.

La ausencia de hospitales especializados, así como de camas UCI, respiradores artificiales y de los Equipos de Protección Personal EPP para las y los trabajadores y profesionales del sector salud, así como la falta de test moleculares, ponen en peligro todos los días la vida de millones de pacientes y de trabajadores que están en primera línea enfrentando esta pandemia. Frente a esto, el Gobierno y sus acólitos han salido a decir que no se puede hacer más porque no se cuenta con los recursos necesarios.

Sin embargo, callan en todos los idiomas ante la evasión y elusión tributaria que realizan los grandes empresarios de la minería, la agroindustria de exportación, la telefonía, entre otros, así como los jugosos sueldos y gollerías que perciben el presidente de la República, los ministros, los congresistas, asesores de alto nivel, jueces y fiscales, altos mandos del ejército y la policía nacional, etc.

Por eso, si queremos reactivar el sistema público sanitario debemos dotarlo de un significativo incremento presupuestal el cual deberá provenir del impuesto extraordinario a las grandes fortunas de personajes como Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor, Ana María Brescia Cafferata, Eduardo Belmont, Eduardo Hochschild, entre otros burgueses nacionales, quienes junto al gran capital imperialista y en complicidad de los gobiernos de turno, fueron los grandes beneficiados del boom primario exportador.

Así mismo, debemos exigir que todos los funcionarios públicos elegidos por voto popular como el presidente de la República, congresistas, presidentes regionales y alcaldes, así como jueces y fiscales, ministros, asesores de alto nivel y los altos mandos policiales y militares, ganen un salario similar al de un trabajador calificado. Solo de esa manera contaremos con los recursos financieros suficientes para duplicar el presupuesto al sector salud y evitar más muertes. Por otro lado, estos recursos nos servirán también para sostener planes de ayuda que garanticen la cobertura de todas las necesidades básicas de las familias que se quedaron sin ingresos.

Foto: Sindicato de enfermeras de ESSALUD

4. Tests masivos moleculares y gratuitos ya.

Mientras los especialistas de diversas partes del mundo coinciden en que la mejor manera de enfrentar con criterio científico la propagación del COVID-19 pasa por implementar, cuanto antes, testeos masivos; el presidente Vizcarra, de la mano del ministro de Salud, Víctor Zamora, y de la señora Pilar Mazzetti, miran para otro lado cuando se habla de este tema y han centrado todos sus esfuerzos en una cuarentena sin norte, que, como lo demuestran las cifras, no está dando resultados ya que la curva de infectados en vez de achatarse y decrecer, crece más y más todos los días.

Y si eso ocurre es porque no tenemos un testeo masivo que nos permita saber con certeza cuál es el índice de infectados para poder implementar una estrategia de aislamiento asistido que ayudaría, no solo a parar el contagio, sino a brindar un servicio adecuado a la población que en estos momentos porta el virus. Por esa razón, después de más de 47 días de cuarentena solo se aplicaron 170 mil 400 testeos (tanto rápidos como moleculares), lo cual representa el 1.88% de la población peruana. Esto difiere con otras experiencias internacionales y con las mismas metas trazadas por el Gobierno al inicio de la cuarentena. Además, debemos tener en cuenta que la mayoría de las pruebas que se han aplicado hasta ahora en el Perú son las pruebas rápidas que, como se sabe, no gozan de confiabilidad lo cual induce a la propagación del virus.

Esta negligencia gubernamental debe terminar, sobre todo, cuando vemos que a diario se multiplican las denuncias de contagios, muertes y falta de atención a personal médico, de enfermería y de otros sectores vinculados al sistema sanitario y trabajadores de otros sectores que por la necesidad se ven obligados a salir a trabajar. Por eso, debemos exigir que a todas las y los trabajadores del sector salud se les asegure la realización de pruebas moleculares periódicas y gratuitas porque están en la primera línea de combate a la pandemia. También deben tener esa posibilidad todas las personas que trabajan en sectores esenciales, como producción, distribución y venta de alimentos, supermercados, farmacias, transporte, servicios de limpieza, telecomunicaciones y funerarias. Así mismo, las pruebas moleculares gratuitas deben estar disponibles para todas las personas que presenten un solo síntoma de COVID-19 o que hayan tenido contacto con personas diagnosticadas ya con la enfermedad. Todo esto en la perspectiva de hacer extensivo el testeo molecular al conjunto de la población.

5. Salario social diferido para los jubilados y salario de cuarentena que cubra el costo de la canasta básica (1,500 soles) para las y los trabajadores del sector informal y para todos los que perdieron el trabajo.

Mientras los adultos mayores constituyen parte de la población más vulnerable ante el COVID-19, vemos que en lo que va de la crisis no han recibido ningún tipo de beneficio, sino por el contrario - por la saturación de los hospitales públicos - no pueden ser atendidos debidamente cuando asisten a sus consultas o, por falta de previsión propia de la poca infraestructura existente, terminan contagiándose del coronavirus.

Cabe recordar que en el Perú las y los jubilados reciben pensiones muy bajas que, en algunos casos, llegan a los 450 soles mensuales y en otros casos perciben montos menores. Esto hace que, quienes por su edad se retiraron del mercado laboral, hoy no tengan garantizada una vida digna y no puedan por tanto satisfacer necesidades básicas como vivienda, vestido, alimentación equilibrada y nutritiva, ni puedan disfrutar adecuadamente del tiempo libre. Contradictoriamente, las y los trabajadores que hoy nos encontramos activos estamos obligados a aportar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), las cuales terminan especulando en la bolsa y los mercados internacionales, enriqueciéndose así con el dinero que es producto de nuestro trabajo cotidiano, mientras los jubilados padecen una serie de necesidades. Por eso, exigimos un salario social diferido para todos los jubilados y un salario mínimo para los mayores de la tercera edad que durante su vida laboral no tuvieron un trabajo formal.

Por otro lado, debemos tener en cuenta a quienes laboran en el sector informal y viven del día a día. Ellos hoy se debaten entre dos alternativas terribles: llevar un ingreso a su hogar y arriesgarse al contagio del coronavirus, o quedarse en casa y no tener para comer ni para pagar los servicios básicos. En este rubro encontramos a las trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, ambulantes, mozos o meseros, artistas populares, taxistas, vendedoras de artesanías, sangucheros, cocineros, costureras, empleados de hoteles, mensajeros, entre muchos otros. Por ello exigimos que, a este sector informal, que hoy hace parte del 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), se le otorgue un salario de cuarentena equivalente a la canasta básica (1,500 soles) para que puedan subsistir mientras dure la crisis. Este salario de cuarentena también deberá extenderse a todos los trabajadores que se quedaron sin empleo como consecuencia de la cuarentena. Esta medida que proponemos es superior al denominado “bono universal”, que repite de paporreta la izquierda neorreformista junto al Gobierno, ya que este no deja de ser una medida focalizada que no llega al conjunto de los afectados y, al darse por única vez, no soluciona las necesidades populares.

Foto: Defensoría del Pueblo de Perú

6. Reconversión productiva para combatir la pandemia.

La crisis ya nos golpea fuertemente, pero lo hará aún más. Mientras tanto vemos que los empresarios, muchos de los cuales hoy arriesgan las vidas de sus trabajadores para sostener la producción de bienes no esenciales, buscan degradar aún más la vida de millones para conseguir más ganancias apenas se reanuden las actividades. Ante eso, es necesario oponer un plan que ponga por delante las necesidades de las mayorías, lo cual pasa por combatir ahora al COVID-19. Para que hagamos ello eficazmente se necesitan ventiladores, equipos de protección, camas de hospital, desarrollo de test moleculares masivos, suministro de alimentos nutritivos y agua potable, no automóviles, ni ropa lujosa, ni comida chatarra, entre otros artículos suntuarios.

Por eso, es necesario reconvertir la producción en todas las empresas donde sea posible, garantizando las condiciones de higiene y seguridad de sus trabajadores. Hay que reorientar la producción para enfrentar la crisis. Se pueden poner las cadenas productivas y de distribución al servicio de combatir la pandemia, en vez de garantizar las ganancias de los empresarios. Y para garantizar esto es necesario apelar a la creatividad y la solidaridad de la clase trabajadora.

Sólo bajo el control de las y los trabajadores se puede llevar a cabo un plan como este, donde la utilidad de los empresarios no sea el factor que rija la producción.

Foto: Periodismo del motor

7. Comités de higiene y seguridad en todos los lugares de trabajo.

En la producción de bienes y servicios esenciales, así como en todos los centros de trabajo donde se reconvierta la producción para fabricar insumos útiles para enfrentar al COVID-19, las y los trabajadores deben organizarse en comisiones de seguridad e higiene independientes de la patronal y de la burocracia sindical. En estas comisiones, la primera tarea será definir cuáles son las medidas necesarias para proteger a quienes permanezcan en actividades productivas y deben exigir al Gobierno y los empresarios que garanticen los insumos necesarios para salvaguardar las vidas obreras. Evidentemente, todas las propuestas deben ser sometidas a la resolución de las bases, mediante asambleas democráticas.

Foto: LID Argentina

8. Ante la crisis de financiamiento del pueblo y los trabajadores: control de precios, créditos baratos y nacionalización del sistema bancario.

Desde los medios de comunicación al servicio de los empresarios se agita el terror de una crisis económica muy profunda. Los empresarios y sus CEO’s en estos momentos están planeando cómo aprovecharla a su favor, para redoblar la explotación, exigiendo en nombre de una “economía de guerra” más productividad al tiempo que imponen despidos masivos y recortes salariales, como es el caso concreto de la aprobación de la denominada suspensión perfecta. Así mismo, vemos que un grupo de empresarios y comerciantes ya han iniciado procesos de especulación con los precios de alimentos de primera necesidad y eso no lo podemos permitir.

Por eso, debemos exigir congelamiento de los precios, su vuelta a los valores al inicio de esta crisis y control de precios que lleven a cabo los consumidores (trabajadores y pequeños comerciantes) con la ayuda de las y los trabajadores de los sectores industriales y de servicios que producen alimentos o bienes esenciales, que los transportan y que los comercializan. Todas las empresas que especulen y suban los precios deben ser expropiadas sin pago y puestas bajo control de sus trabajadores y los comités de consumidores.

Así mismo, es importante que se condonen las deudas de créditos hipotecarios para propietarios de vivienda única, así como las deudas por créditos de consumo y de las tarjetas de crédito. También debe establecerse la condonación de los servicios de luz, agua, electricidad y telecomunicaciones para las familias de los sectores obreros y populares mientras dure la crisis.

Es necesario también que el Gobierno expropie a las entidades bancarias y financieras —que otorgan préstamos con intereses usureros— y las centralice en una banca única y nacionalizada bajo control de los trabajadores del sector, sin tocar los depósitos de los ahorristas, ni de profesionales independientes, ni de pequeños productores y comerciantes. La clase trabajadora tiene que tomar en sus manos la lucha por créditos baratos, así como la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior. Sólo la banca con estas características podrá otorgar créditos a los sectores populares para reactivar la economía a la salida de la pandemia.

Fotos: Diario Gestión

9. Plan de emergencia para mujeres y migrantes ante la pandemia.

Ante el notorio incremento de la violencia contra las mujeres durante la cuarentena, hace falta establecer ya un plan de emergencia que incluya: un régimen de subsidios a las víctimas; licencias laborales pagas al 100% para las mujeres víctimas de violencia que tienen trabajo; la creación de hogares/refugios transitorios —pueden ser hoteles hoy sin turistas— y un plan de vivienda a corto plazo. Que el distanciamiento social no constituya una medida regresiva para la violencia de género.

La cuarentena sin norte y el aislamiento social también han provocado la ruina de un sector muy numeroso de trabajadores, muchos de ellos informales y precarios que vivían en Lima y en las principales ciudades de la costa, pero que eran provenientes de diversas regiones del interior del país. Por eso, al quedarse sin trabajo y sin recursos para subsistir, han iniciado desplazamientos a pie hacia sus lugares de origen. Otros, que se encontraban en países vecinos como Chile, por ejemplo, tratan de regresar rompiendo la cuarentena y el cierre de la frontera. Todos ellos vienen sufriendo la represión, hacinamiento y la exposición al contagio del coronavirus.

Esta crisis migratoria ya se sentía con mucha fuerza en los momentos previos a la pandemia, sin embargo, ahora se ha acrecentado. Uno de los sectores que venían padeciendo con más crudeza esta situación, eran los más de 800 mil venezolanos que se asentaron en Perú. Hoy, muchos de ellos que vivían de trabajos precarios y como ambulantes, se encuentran en una situación muy difícil ya que con la cuarentena y el aislamiento social han perdido su fuente de ingresos.

Por eso, es necesario exigir el respeto pleno de los derechos democráticos de todos los migrantes, sean estos nacionales o extranjeros, lo cual incluye la preservación del derecho a la salud, a refugios dignos y en condiciones sanitarias óptimas y a ayudas económicas equivalentes al costo de la canasta básica y que esta cubra todas las necesidades esenciales como vestido, calzado, servicios esenciales y medicinas. Los grandes hoteles de lujo, así como los clubs privados en los cuales se “distrae” la burguesía, podrían servir como refugios transitorios para estos sectores que todos los días arriesgan su vida desplazándose de un lugar a otro en busca de subsistencia.

Foto: Pan y Rosas Perú

10. Alto a la militarización de la pandemia y regreso inmediato de las fuerzas represivas a sus cuarteles.

El Gobierno, valiéndose del miedo a la propagación del contagio que ha sido difuminado por los medios de comunicación, ha venido implementando una serie de medidas que restringen las libertades democráticas y eximen de responsabilidad ante probables abusos a las fuerzas armadas y policiales.

Por esa razón se aprobó y entró en vigencia el estado de emergencia que hoy rige desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, salvo en regiones como La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Piura y Ucayali, donde el toque de queda empieza a las 4 de la tarde y concluye a las 4 de la madrugada. En ese sentido es que se aprobó también la denominada ley del gatillo fácil que libra de responsabilidad penal a los efectivos de la policía nacional que cometan excesos contra la población.

Ante eso, exigimos la derogatoria de la ley del gatillo fácil y que los militares regresen a sus cuarteles ya que las y los trabajadores organizados junto al pueblo podemos, con las medidas de seguridad e higiene necesarias, garantizar el distanciamiento social y que se lleven a cabo las disposiciones en cuanto a la suspensión de actividades y las medidas preventivas. Asimismo, exigimos que la infraestructura que hoy se encuentra en los cuarteles, se ponga al servicio de solucionar la crisis sanitaria, económica y social y que esta infraestructura esté bajo control de las y los trabajadores y el pueblo organizado.

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