VIOLENCIA POLICIAL

Los 13 muertos en la discoteca de los Olivos y la responsabilidad policial

Durante un operativo policial en la discoteca Thomas RestoBar en el distrito de Los Olivos (Lima-Perú), murieron 13 jóvenes de los cuales 12 son mujeres y al menos 6 personas resultaron heridas. Según los familiares de las víctimas los policías lanzaron bombas lacrimógenas dentro del local generando así el pánico entre los asistentes.

Diana Solis

Directora de arte y corresponsal de LID Perú

Lunes 24 de agosto | 14:00

Foto: LR

Como era de esperarse, el ministro del interior, Gral. Jorge Montoya Pérez, declaró que la policía en ningún momento utilizó bombas lacrimógenas y que tampoco actuaron generando temor entre los asistentes, lo cual contrasta con las declaraciones de los testigos y familiares de los fallecidos y heridos quienes, en diversos medios, han puesto en evidencia la brutalidad policial al momento de intervenir la discoteca. El ministerio público comunicó que la investigación estará a cargo del fiscal provincial Carlos Díaz Casimiro, titular de cuarto despacho de la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Los Olivos.

Estos hechos luctuosos nos llevan a reflexionar sobre el accionar de la policía, el estado y el rol de la prensa desde inicios de la cuarentena. Por un lado, en los distritos de clase alta había aglomeración de personas en los supermercados, muchos otros salían a correr durante el confinamiento obligatorio y se reunían en casas de playa o campo realizando fiestas y matrimonios. En ningún momento hubo intervenciones policiales, arrestos, agresiones y represión policial a estos sectores. Tampoco sufrieron hostigamiento por parte de la prensa por acudir a los supermercados a hacer compras o por agruparse en el malecón de Miraflores.

Mientras tanto, en distritos de la periferia y en las zonas pobres de las regiones del interior del país, la represión policial y municipal se hizo evidente contra los comerciantes ambulantes y contra el pueblo en general. La prensa hostigó a las personas que hacían sus compras en los mercados, que utilizaban transporte público o que salían para poder llevar alimentos a sus casas.

De esta manera, se evidencia entonces, el verdadero distanciamiento social que existe en la sociedad peruana: donde unos, por su estatus económico y social, tienen carta blanca para realizar actividades y movilizarse sin ser imputados, agredidos o asesinados y otros son violentamente reprimidos, perseguidos y estigmatizados.

Lamentablemente, se sigue utilizando la misma fórmula de quitar responsabilidad a los que realmente la tienen. Pretenden instalar un relato para que la sociedad se culpe a sí misma, de los contagios, y de la represión policial. No se mira al estado y a la policía como los responsables de una tragedia que ha dejado a 13 familias en duelo. Se culpabiliza a la misma sociedad por ser "desobediente" y se justifica la represión.

Y todo esto tiene que ver con la política represiva que se viene imponiendo desde el estado como estrategia para combatir la pandemia, dentro de la cual los medios de comunicación se encargan todos los días de legitimar el accionar de las fuerzas represivas, lo cual conlleva a que se termine conculcando nuestros derechos civiles y democráticos. Por ello la policía nacional y las fuerzas armadas gozan de libertad para disparar, golpear, entrar en las viviendas, etc. Ha razón de eso las víctimas ya son muchas.

Mientras tanto, la gente sigue muriendo por falta de oxígeno y camas en los hospitales y el presupuesto destinado a las fuerzas represivas no se toca. Hay un claro interés del estado en darle más importancia a sus políticas represivas antes que salvar las vidas de miles y ahora pretenden responsabilizar únicamente al empresario de la discoteca (quien por cierto fue beneficiario de Reactica Perú), cuando es muy bien sabido que éstas ilegalidades no pueden sostenerse sin la complicidad, corrupción y descomposición de instituciones como los municipios y las comisarías locales.

Por ende, lo que en última instancia pudo haber terminado siendo el cierre de un local, terminó convirtiéndose en la muerte de 13 personas debido a los métodos de la policía y a la corrupción de las instituciones públicas. Hace falta entonces, cuestionar el rol que cumplen la policía nacional y el ejército en esta pandemia y, en ese marco, las prerrogativas que les brinda el gobierno de Martin Vizcarra como la ley del gatillo fácil, por ejemplo, que les da impunidad para arremeter contra el pueblo sin ser sancionados penalmente.

En ese entender, no podemos tolerar declaraciones como las del ministro del interior, Gral. Jorge Montoya Pérez, restando responsabilidad a los verdaderos culpables, que en este caso son la policía y el estado.

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