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CRISIS POLÍTICA

Las detenciones de los amigos de Vizcarra y la crisis política

El viernes 02 de octubre, la jueza Sonia Bazalar, a pedido de la fiscal Janny Sánchez - especialista en corrupción de funcionarios públicos - ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados por el caso “Richard Swing”, el cual compromete al presidente de la Republica quien podría ser investigado.

Cecilia Quiroz

Estudiante de Historia y militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores "CST"

Martes 6 de octubre | 15:01

Fotos: Agencia Andina

Entre los detenidos figuran: la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karen Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez; el cantante Richard Cisneros, entre otros. Como se recuerda, los denominados “audios de la vergüenza” pusieron en evidencia que, precisamente para obstruir las investigaciones de la fiscalía de la nación sobre las reuniones entre el presidente de la Republica y Richard Cisneros, Vizcarra coordinaba para falsear fechas y lo que debían declarar ante la fiscalía, tanto Miriam Morales como Karen Roca, ex funcionarias de extrema confianza del mandatario.

Esta detención entonces ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión en torno a la participación que habría tenido el presidente Martín Vizcarra en este caso, el cual está relacionado a la contratación irregular de Richard Cisneros - o Richard Swing - por parte del gobierno, con lo cual se habrían pagado “favores” políticos, ya que Cisneros apoyó a Martin Vizcarra en las elecciones presidenciales del 2016 y, al parecer, era parte del entorno de confianza del mandatario.

Por esa razón y ante las evidencias que comprometen al presidente, se ha dado a conocer recientemente en el semanario Hildebrant en sus Trece, que la fiscal de la nación evalúa iniciar investigaciones contra Vizcarra por al menos tres delitos: obstrucción a la justicia, delito contra la administración pública y omisión de denuncia. Iniciar una investigación de esta naturaleza no va contra la inmunidad de la cual goza el presidente, pero, para que este pueda ser sentenciado - como señalan los expertos - se debería esperar hasta que acabe su mandato el 28 de julio de 2021.

Lo que va quedando claro hasta ahora es que al presidente este caso le incomoda mucho, lo cual lleva a pensar que habría cosas ocultas debajo de la mesa que irían más allá incluso de la contratación de Cisneros o de sus reuniones con el presidente, por esa razón, Vizcarra ha mentido tanto desde que estos hechos se hicieron públicos. Primero dijo que no conocía a Richard Cisneros, luego, que solo lo vio en la campaña presidencial del 2016, después - y ante las denuncias periodísticas - dijo que se reunió en palacio solo dos veces con este personaje. Sin embargo, la verdad parece ser otra como lo vienen demostrando las investigaciones.

La magnitud del problema es tal, que la Fiscalía de la Nación ya no puede mirar para otro lado y se ve obligada – antes que esto trascienda más - a tener que intervenir poniendo en cuestión a quien hasta hace muy poco era considerado como el paladín de la lucha contra la corrupción en el Perú.

Martin Vizcarra y sus ministros cuestionan las detenciones

Consiente que estas detenciones e investigaciones lo apuntan indirectamente a él, Vizcarra ha hecho público su desacuerdo con estas medidas, señalando que “lo más valioso que las personas tienen es su libertad personal” y que lo que se ha visto hasta ahora, no ameritaría la detención de quienes hasta poco pertenecían a su círculo mas cercano.

En la misma línea se manifestó la Ministra de Justicia, Ana Neyra, quien consideró que la detención preliminar de los implicados en el caso Richard Swing “habría sido desproporcionada si los audios fueron el único argumento para aplicar la medida”.

Sobre este tema, la fiscal Yenny Huacchilo Núñez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, se pronunció en los exteriores de la Prefectura del centro de Lima señalando que su acusación tiene otros elementos probatorios más allá de los audios difundíos en el Congreso y los medios de comunicación. Ante la pregunta de los periodistas sobre el presidente Martín Vizcarra, señaló que: “sobre altos funcionarios no puede pronunciarse, y que la Fiscalía lo hará en los próximos días”.

¿Qué se busca con estas detenciones preliminares?

No podemos perder de vista que atravesamos por una aguda crisis política, en medio de una profunda crisis económica, sanitaria y social agravadas por la propagación del covid-19, la cual se podría acrecentar si la población percibe que desde el ejecutivo se contrata a gente como Richard Cisneros para que no haga nada y encima se le paga sumas elevadas y todo esto con el aval del presidente Vizcarra quien a su vez pretende obstruir las investigaciones y nadie termina sancionado. Eso contribuiría a deslegitimar más al régimen y a la casta política al servicio de los empresarios, lo cual se convertiría en un problema para los capitalistas quienes, en momentos como estos, requieren estabilidad para seguir aplicando sus planes de ajuste contra el pueblo y los trabajadores.

En ese marco habría que entender el papel que viene jugando la Fiscalía de la Nación, la cual ahora pretende mostrar independencia del ejecutivo y empieza a investigar al entorno más cercano de Vizcarra y hasta los detienen de manera preliminar por 7 días. Lo que se busca entonces con estas detenciones y con una probable investigación a Vizcarra, es desviar el descontento popular, de tal manera que este no apunte a cuestionar el neoliberalismo ni el régimen en su conjunto. La idea de quienes ostentan el poder económico, que son quienes mueven los hilos de la política en el país, es que el pueblo siga teniendo esperanza en instituciones como la Fiscalía y en “políticos éticos” que harán una mejor gestión del estado, sobre todo ahora que estamos a puertas de nuevas elecciones.

Es cierto que Vizcarra es un corrupto y que debería ser sancionado, pero no solo por el caso “Swing”, sino también por todas las iniciativas políticas que viene aplicando desde que inició su gestión y que solo han contribuido a favorecer a los grandes empresarios en desmedro del pueblo y los trabajadores, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde de manera vergonzosa han dejado a miles sin trabajo y sin salario y los ha obligado a exponerse al contagio y a la muerte, y todo ello para favorecer a sus amigos de la CONFIEP. Por eso, Vizcarra debe ser sancionado y junto a él todos los empresarios nacionales y extranjeros que se beneficiaron de estas políticas de saqueo. Sin embargo, esa sanción no vendrá de la mano de la Fiscalía de la Nación ni del Poder Judicial y sus funcionarios, ya que ellos hacen parte del tinglado institucional creado precisamente para darle soporte jurídico a las iniciativas de los grandes empresarios, quienes ahora están más preocupados en seguir lucrando con la reactivación económica.

Por esa razón, nosotros nos diferenciamos enfáticamente de aquellos sectores que, como el Frente Amplio, depositan toda su confianza en la Fiscalía de la Nación y llaman a que esta instancia junto al Poder Judicial, investiguen y sancionen a los corruptos. La Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial no son independientes ya que actúan en función de mantener la institucionalidad heredada del fujimorismo a través de la Constitución de 1993.

Para salir realmente de esta crisis política y económica, tenemos que acabar primero con ese marco jurídico que es la Constitución de 1993 y el régimen político que nos impone. Para avanzar en ese sentido hace falta imponer, producto de la lucha y la auto organización obrera y popular, una Asamblea Constituyente Libre y Soberanapara que los representantes votados en un único distrito electoral discutan prioridades urgentes como la salud, la vivienda, la educación, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la nacionalización sin pago y bajo control obrero de todos nuestros recursos naturales como los mineros y petroleros para ponerlos al servicio de nuestros intereses y no los intereses de los empresarios. De esta crisis solo salimos de la mano de la clase obrera, los campesinos y los sectores populares.






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