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Red Internacional

Crisis del régimen. Boluarte pide tregua pero descarta renunciar y persiste en criminalizar la protesta

Presionada por la contundencia de las protestas en diferentes partes del país, Dina Boluarte, en conferencia para la prensa extranjera, pidió tregua a los manifestantes, sin embargo, persistió en criminalizar la protesta social y dijo que, a pesar del masivo repudio a su gestión que ya viene costando casi 60 civiles muertos, no piensa renunciar a su condición de presidenta de la República.

En horas de la tarde del martes 24 de enero, Dina Boluarte, la presidenta que nació del golpe parlamentario que depuso de la presidencia a Pedro Castillo, dio una conferencia para la prensa extranjera, donde volvió a responsabilizar de las masivas movilizaciones a supuestos “grupos de radicales” y a intereses económicos vinculados, según Boluarte, al narcotráfico y al contrabando.

Estas apreciaciones lo que buscaban en realidad era desvirtuar las potentes movilizaciones que piden masivamente su renuncia. Boluarte también trato de descalificar la heroica resistencia del pueblo de Puno, por eso, en un momento de su intervención se atrevió a decir que Puno no representaba al Perú y que la masacre de campesinos en esta región alto andina que llevaron adelante efectivos de la policía y el ejército siguiendo órdenes del ejecutivo, fue responsabilidad de los mismos manifestantes quienes se abrían matado entre ellos utilizando balas “dum-dum”, versión que no cuenta con el más mínimo sostén real y lógico.

Como se sabe, desde el pasado 19 de enero hasta el día de hoy, miles de campesinos y pobladores de diferentes regiones del interior del país, sobre todo de la sierra central y sur, han empezado a llegar a Lima a concretar lo que se ha dado en llamar la “toma de Lima” o la “segunda marcha de los cuatro suyos” para hacer que Dina Boluarte renuncie a su condición de presidenta del país. A estos desplazamientos masivos de pobladores del interior, se han sumado paralizaciones contundentes en regiones del sur, además del bloqueo de diversas carreteras (en un momento se reportaron 37 vías de acceso nacional bloqueadas), lo cual ha empezado a convertirse en un problema serio para los sectores empresariales.

Es en ese marco de alta movilización social, a la cual el gobierno viene respondiendo con más represión, que para el día martes 24 de enero los sectores en pie de lucha volvieron a convocar a un paro nacional exigiendo la renuncia inmediata de Boluarte, mientras que la burocracia sindical que dirige la CGTP convocaba para esta misma fecha a una movilización en la ciudad de Lima.

Es por ello que desde tempranas horas del martes 24, muchas ciudades del sur peruano volvieron a paralizar contundentemente, y las carreteras de acceso nacional, como la Panamericana sur y norte, volvieron a ser bloqueadas por los manifestantes, registrándose enfrentamientos con las fuerzas represivas en algunas zonas.

Mientras tanto, en la ciudad de Lima, las diversas delegaciones provenientes del interior del país, se empezaron a movilizar por diferentes arterias de la ciudad, siendo lo más emblemático la movilización que realizaron en el distrito clase mediero de San Isidro (centro neurálgico de la actividad financiera nacional), donde los manifestantes paralizaron las actividades habituales de este distrito.

A los manifestantes provenientes del interior se han sumado en Lima, grupos de estudiantes de diversas universidades cuya indignación ha ido creciendo a raíz de la intervención policial en el campus de la Universidad San Marcos que culminó con la detención de casi 200 estudiantes y manifestantes del interior que se encontraban alojados en los ambientes universitarios. Colectivos juveniles y población solidaria de Lima también se han plegado a esta acción de protesta, además de grupos de reservistas que han empezado a llegar a la capital.

Presionada por estos hechos y por la contundencia y continuidad de la protesta social en la mayoría de regiones del país, Dina Boluarte, en un momento de su intervención ante la prensa extranjera, hizo un llamado a la tregua a los manifestantes y los convoco a un dialogo, sin embargo, no reconoció la más mínima responsabilidad en los casi 60 muertos civiles como consecuencia de la brutal represión policial-militar ordenada por el ejecutivo. Boluarte dijo además que no tiene pensado renunciar a su condición de presidenta, “Me iré cuando hayamos convocado a las elecciones generales [...]”, anuncio muy enfáticamente como si los cientos de heridos, detenidos y los casi 60 fallecidos no tendrían nada que ver con su gestión.

Seguramente estas nuevas declaraciones de Boluarte exacerbaran más los ánimos de los manifestantes lo cual se verá reflejado, una vez más, en la contundencia de las protestas y las acciones de lucha. Sin embargo, para asegurar la pronta caída del gobierno asesino de Boluarte y el cierre del repudiado Congreso, es muy importante que se sume la clase obrera, sobre todo de los sectores estratégicos como la gran minería, los trabajadores portuarios, los trabajadores del transporte público de Lima, entre otros. En ese entender, urge que las direcciones de las centrales sindicales de estos sectores convoquen cuanto antes a la huelga general.

Solo de esa manera se podrá sellar en la práctica la necesaria alianza entre trabajadores, campesinos y sectores populares, lo cual nos permitirá, a su vez, pelear de mejor manera por imponer un gobierno provisional obrero, campesino y popular de las y los que luchan, el cual deberá convocar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la misma que tendrá funciones ejecutivas y legislativas y nos permitirá discutirlo todo, sobre todo los vergonzosos privilegios de los grandes empresarios y de la casta de políticos corruptos al servicio del viejo régimen del 93. Esta Asamblea Constituyente, nacida de la caída del viejo régimen y sostenida en espacios de auto organización obrera y popular, nos permitirá también abrir las puertas hacia un gobierno de las y los trabajadores con perspectiva socialista.


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