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Red Internacional

Disputa entre legislativo y ejecutivo.Congreso aprueba ley que limita la cuestión de confianza del ejecutivo y se blinda ante cualquier intento de disolución

En su afán por desarmar políticamente al presidente Castillo y para empujarlo más a la derecha, el pleno del congreso de mayoría conservadora aprobó una controversial ley que limita la cuestión de confianza del ejecutivo amparada en la constitución política de 1993. De esta manera, la derecha parlamentaria pretende asestar un nuevo golpe al gobierno.

Miércoles 20 de octubre | 02:32 | Edición del día

En un pleno congresal extraordinario realizado el martes 19 de octubre, con 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, el Parlamento peruano aprobó una cuestionada ley que limita sustantivamente la denominada cuestión de confianza que le facultaba al poder ejecutivo a poder disolver el Congreso si es que este le negaba la confianza o censuraba a dos gabinetes ministeriales, lo cual, de darse, inmediatamente provocaba la convocatoria a un nuevo proceso electoral complementario para cubrir la representación parlamentaria.

La actual Constitución Política de 1993 establece claramente en su artículo 133 que: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”.

Así mismo, en el artículo 134 de la Constitución política se establece que: “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”. Y más adelante se establece que: “El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”.

Como se recuerda, estos artículos de la Constitución política del estado fueron utilizados por el ex presidente Martin Vizcarra a fines del año 2019, con lo cual el presidente terminó por disolver el Parlamento de mayoría fujimorista, la misma que era hostil y ejercía oposición por derecha a la gestión vizcarrista.

Es precisamente esto lo que el actual parlamento de mayoría derechista pretende evitar para mantener su presencia política en este importante poder del estado y para seguir presionando desde allí al presidente Castillo a fin de que este avance aún más en su ya abierto proceso de derechización.

Incluso, por la actitud reaccionaria del actual parlamento y por la fragilidad del gobierno, no se descarta que desde los sectores más conservadores del Congreso donde se encuentran el fujimorismo y los militares que hacen parte del partido liderado por Rafael López Aliaga, se esté pensando en una vacancia presidencial, para lo cual esta ley aprobada en el Congreso les allanaría el camino.

Desde el ejecutivo han señalado que “la posibilidad de que el presidente del Consejo de Ministros y otros titulares de sector planteen una cuestión de confianza se encuentra regulado en la Constitución como contrapeso a la facultad del Parlamento de plantear una moción de censura contra los ministros”. Asimismo, indicaron que la presente ley recientemente aprobada por la mayoría congresal “vulnera el principio de separación de poderes y las competencias del Ejecutivo vinculadas a la formulación e implementación de políticas públicas”.

En ese sentido, la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vázquez desde su cuenta de Twitter manifestó: “Lamentable que el Congreso haya renunciado a un debate amplio y plural sobre un tema trascendental para el equilibrio de poderes, con una Ley que pone en riesgo nuestra democracia. Adoptaremos acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho”.

Lo ocurrido en el Congreso, es una consecuencia concreta de la fragilidad del gobierno y de su orientación derechista, la cual lo ha llevado a desvincularse de las demandas más sentidas de los trabajadores y del pueblo y sus luchas en curso, y ha reducido su accionar a los espacios superestructurales donde la derecha tiene mayor capacidad de maniobra, por eso hoy termina condicionando el quehacer del ejecutivo.




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