Perú continúa atravesado por una crisis política y social que está lejos de resolverse. El gobierno de Sagasti a pocos días de asumir enfrenta su primera dimisión y una fuerte huelga agrícola contra las leyes del fujimorismo.
Jueves 3 de diciembre de 2020 | Edición del día
A solo dos semanas de haber asumido -designado por el Congreso hasta julio de 2021 cuando será reemplazado por el gobierno elegido en los comicios de abril- el presidente Francisco Sagasti enfrenta su primera crisis, tanto política como social.
El exministro del Interior, Rubén Vargas, renunció en medio de dos frentes. Por un lado, la extorsión policial con amenaza de huelga incluida, por el pase a retiro de dieciocho generales a causa de los muertos en las represiones que voltearon al efímero expresidente Manuel Merino; y por otro, la huelga de trabajadores agrícolas contra las leyes del fujimorismo y mantenida por todos los gobiernos hasta el día de hoy, que promueve la sobreexplotación de los trabajadores del sector y beneficia a las empresas.
Ambos frentes forzaron la dimisión del ministro del Interior, Rubén Vargas, mostrando que la crisis política en Perú continúa a pesar de los intentos de Sagasti de lavarle el rostro al Gobierno. Una de las primeras medidas fue remover a toda la cúpula policial para calmar el descontento social. En primer lugar estaban los responsables de los dos muertos y los centenares de heridos en las represiones durante las movilizaciones contra el gobierno de Merino. Mientras que entre los generales purgados había muchos de ellos acusados de corrupción vinculados a la compra irregular de elementos de bioseguridad para salvaguardar la salud de los policías durante la pandemia.
Según la Policía, las medidas anunciadas por el presidente atentan contra la honorabilidad de la policía nacional, sin embargo, lo que en realidad buscan los altos mandos que promovieron la huelga policial, es no perder los privilegios que les permiten enriquecerse a costa del dinero público, no ser sancionados y ni siquiera por los actos de brutalidad mostrados en las últimas movilizaciones.
Además, altos mandos oficiales de la Policía y el Ejército, junto a exministros del Interior de gobiernos anteriores, cuestionaron la legalidad de las medidas para remover a la cúpula de las fuerzas represivas de Perú. Según ellos no se ha respetado la línea de mando institucional, ya que Vargas tenía la intención de colocar a un general afín. Aunque Vargas declaró que eran medidas “urgentes” y “legales”, admitió que provocaron el descontento policial. Las amenazas de huelga lo forzaron a dimitir.
Horas antes de renunciar, el ministro Vargas había anunciado la captura de 72 personas acusadas de estar vinculadas al grupo maoísta Sendero Luminoso. Se trató de una maniobra desesperada para evitar su caída, algo que ya era inevitable.
Para calmar las aguas dentro de la cúpula de las fuerzas represivas, este miércoles el presidente Francisco Sagasti nombró al general retirado de la Policía, Cluber Aliaga Lodtmann como nuevo ministro del Interior, horas después de la renuncia de Rubén Vargas.
📢 #GabineteBermúdez | El presidente de la República, @FSagasti, tomó juramento a Cluber Fernando Aliaga Lodtmann como nuevo ministro del Interior. pic.twitter.com/Kq11MMXryt
— Ministerio del Interior (@MininterPeru) December 3, 2020
Mientras el gobierno de Sagasti es golpeado por su primera crisis política, está siendo asediado por una fuerte huelga de trabajadores agrícolas.
Desde el lunes la Panamericana sur, a unos 300 kilómetros de Lima, está siendo bloqueada por los trabajadores que exigen la derogación de la ley de trabajo agrario que viene desde Fujimori. La llamada Ley de Promoción Agraria elimina varios derechos laborales a los trabajadores del sector y los somete a una brutal explotación laboral, pues permite el prorrateo del pago de su salario y reduce por debajo del salario mínimo el jornal diario, de modo que por día cada trabajador sólo recibe 39.19 soles (unos 10 dólares), incluyendo en este monto todos los demás derechos laborales.
Si bien el Gobierno se sentó a negociar con los trabajadores agrarios, se trata de la continuación de una crisis política y social que atraviesa Perú que está lejos de resolverse.
