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Red Internacional

Volvió a aumentar el boleto de colectivo. El malestar en los barrios crece, a la vez, que el servicio funciona cada día peor. Los trabajadores reclaman el pago de la paritaria y podrían ir a un nuevo paro. ¿Cuánto le cuesta a la sociedad sostener el transporte público en manos privadas? ¿Qué alternativa propone la izquierda?

Jueves 5 de mayo | Edición del día

El lunes aumentó el boleto mínimo del colectivo a 53,4 pesos. Y aunque tal vez no lo pensó así, terminó siendo el regalo que eligió el Intendente para los trabajadores luego del 1 de Mayo.

Las subas se hacen por decreto y esta facultad al primer mandatario le fue otorgada por una mayoría circunstancial de concejales de la UCR y el PJ que en 2019 aprobaron la ordenanza N° 7402.

Es esta ordenanza la que hay que derogar, aunque hoy esos mismos partidos la defiendan, quedando en la vereda de enfrente de lo que sucede en los barrios donde crece el rechazo a los tarifazos, a las decisiones unilaterales del Intendente, a la falta de audiencias públicas, informes de costos y escucha a los reclamos de trabajadores y usuarios. Allí está subiendo la temperatura pese a que en estos días se hizo sentir el frío de las lluvias de otoño.

Un estudio publicado por el Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos indica que al momento de fijar tarifas del transporte se genera una brecha entre la tarifa que los usuarios pueden pagar de acuerdo a su situación económica y la que finalmente se fija, por lo general, por encima de la primera. En la medida que esa brecha adquiere mayores dimensiones, los especialistas sugieren tomar medidas para evitar males mayores.

De aquí que se basen en el concepto de Responsabilidad Social, el cual entre sus distintas acepciones sostiene que se trata de “aquellas decisiones que está en condiciones de tomar una organización con el objetivo de incidir en mejoras sustanciales de su desenvolvimiento económico, social y ambiental, empoderando a su público interno y estableciendo un honesto canal de diálogo-escucha con el resto de sus públicos de interés”.

A juzgar por el funcionamiento del sistema público de transporte y la actuación de las autoridades municipales no hace falta reiterar que no existe la más mínima “responsabilidad social” de su parte.

Si lo llevamos a números esta realidad es elocuente. La metodología para definir el boleto se fija en función de beneficios y costos por Km. De aquí que hoy el boleto sea de 53,4 pesos. Y siendo que por Km suben 2,5 personas (según sus estudios) cada empresa percibe 133,5 pesos por Km. Pero también en subsidios percibe cada empresa 33,9 pesos por Km. No está demás aclarar, que si esos subsidios fuesen incluidos en el boleto, éste pasaría a costar 20 pesos.

En síntesis, a la sociedad toda el recorrido de cada km le cuesta 87,3 pesos (boleto más subsidios) y, del otro lado, el empresario se lleva 167,4 pesos (2,5 boletos más el subsidio). Ud. se preguntará, ¿Por qué se permite este negocio tan caro al pueblo trabajador y tan beneficioso para unos pocos?

Esto reside en una decisión del Intendente que sostiene la concesión al sector privado de un servicio público (ordenanza 6391/12). Y en el apoyo del gobierno nacional y provincial que giran millones en subsidios todos los meses.

En la teoría ante servicios públicos están quienes sugieren aprovechar las ventajas de la centralización del capital tanto en materia de ahorro de costos, mayor eficiencia en la planificación del servicio (hoy hay líneas que compiten en el mismo recorrido) y mejora de su calidad tanto hacia los usuarios, en disminuir el impacto ambiental como en generar obras de infraestructura vial que mejoren la calidad de vida de la población.

Para implementar esto se requiere de dos medidas: la estatización del servicio y la creación de un organismo de control y gestión que sea capaz de cumplir con estos objetivos. Por eso, estas tareas deberían recaer en manos de los trabajadores y usuarios, los que conocen cómo funciona el sistema y los más interesados en que lo haga de forma óptima.

Todo eso, junto con garantizar plenos derechos laborales a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros (hoy los empresarios gozan del beneficio de abonar una parte ínfima de los aportes jubilatorios), es algo que hay que conquistar sin dudas. La responsabilidad social en manos de los empresarios y funcionarios es como dejar al zorro al cuidado del gallinero.

Si queremos los fines, necesitamos conquistar los medios. Hace falta entonces preparar la unidad de los trabajadores, usuarios y profesionales, estudiantes, porque ahí está la fuerza social que puede permitir los cambios de fondo que hacen falta. Llevando esta discusión al ámbito gremial, a los barrios, centros de estudiantes, la Universidad. Es en definitiva una responsabilidad de todos los que deseamos un servicio de transporte de calidad y accesible para las mayorías, el hecho de empezar a poner manos a la obra.




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