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Red Internacional

En Alto Valle los peones de chacras fueron al corte de ruta frente a la negociación paritaria nacional del sector, que terminó cerrando en un 55%. Luego del piquete, gendarmes irrumpieron en su local. Trabajadores organizados, atacados por la justicia, bajo la inacción de la conducción regional y nacional del sindicato.

Sábado 13 de agosto | Edición del día

Pese a la pasividad de UATRE nacional y de la delegación del Alto Valle, peones rurales de las chacras, organizados en seccionales de base, fueron al corte de la Ruta Nacional N°22 que une la región con los puertos del país. Se trató de un piquete que duró alrededor de 8 horas, dejando más de 10 kilómetros de cola para las flotas de camiones de uno y otro lado. Fue este miércoles 10 de agosto, en el marco de la negociación nacional paritaria del sector.

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La burocracia nacional cerró el acuerdo paritario, hablando de un aumento del 70%. La realidad es que se trata de un 55%, con un retroactivo para los dos meses anteriores del 15%. Mientras en Capital Federal la directiva firmaba sin lucha este acuerdo, los peones de las chacras seguían la negociación desde el corte en la zona de los Tres Puentes, que corta vías de acceso y rutas secundarias. Se trata de trabajadores organizados en seccionales locales de la zona Este del Alto Valle (Villa Regina, Belisle, Godoy, Huergo) díscolas a una conducción regional (y nacional) que lideran José Liguen y Omar Figueroa. Estos últimos habían salido con un comunicado el cual aclaraban que “no avalan ningún tipo de medida de fuerza que estaría tomando algunas seccionales de la zona”. El comunicado cerraba con una amenaza contra seccionales y secretarios locales planteando que si toman “una decisión unilateral e inconsulta se tendrá que hacer cargo de las consecuencias”.

Es en este contexto que aparece luego de la acción de paro y corte de ruta una supuesta denuncia anónima por entorpecimiento de los servicios públicos, por la cual la Justicia Federal ordenó el secuestro preventivo de una camioneta que pertenece a la seccional local de UATRE Villa Regina. Para ello decenas de efectivos de Gendarmería tomaron literalmente el local seccional, pero frente a la rápida respuesta de los trabajadores, se impidió que se llevaran el vehículo y no hubo detenidos. La concentración de los trabajadores impidió que avance la criminalización de la protesta.

Tanto la acción del corte de ruta como el límite que le impusieron a Gendarmería y la Justicia frente al local seccional fueron festejados por los trabajadores, porque a pesar de que ahora queda una causa pendiente y que la negociación salarial no fue la que ellos esperaban, hicieron una nueva experiencia de lucha manteniendo intactas sus fuerzas. El sector sostiene otros reclamos como el reconocimiento real en su jornal de la zona desfavorable por ejemplo. El trabajo de poda se realiza en un invierno con temperaturas bajo cero.

Por su parte, las patronales vienen de un 2022 con problemas en la exportación dada la guerra en Ucrania, pero durante toda la pandemia mantuvieron el 100% de las actividades con saldos muy favorables en exportación. El interés actual de las mismas es presionar al gobierno nacional a que le reconozca un “dólar fruta” diferencial, una devaluación que les permita aumentar sus ganancias con la divisa extranjera.

En una provincia donde los reclamos salariales se han desarrollado durante gran parte del año, la política de la gobernadora Arabela Carreras fue la de criminalizar las protestas, sugiriendo que la justicia se haga presente en las acciones obreras. El punto de inicio de esta política anti-obrera fue en respuesta a los cortes de ruta de los hospitalarios, que afectaron la circulación de mercancías y personas en la provincia en el inicio del turismo invernal. También, semanas atrás en un corte de ATE sobre el acceso al aeropuerto internacional de Bariloche, el Fiscal de turno daba instrucciones de levantar el corte. Es claro que frente a las luchas de la clase trabajadora por venir, el rol de las burocracias traidoras serán acompañadas por el apriete judicial y de las fuerzas represivas. Es parte de la política actual de los gobiernos provincial y nacional.




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