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Red Internacional

Editorial. En Chile ni el Gobierno de Boric ni una nueva constitución resolverán nuestras demandas

Luego del triunfo del rechazo y el avance de la derecha, no falta quien asegura que hay que cerrar filas con el gobierno. Se trata de un chantaje inaceptable. La inercia de las organizaciones que se declaran independientes del Gobierno sólo favorece esta operación, en un momento donde Gabriel Boric da nuevas muestras de su subordinación a las exigencias de la derecha y el gran empresariado.

Jueves 22 de septiembre | Edición del día
Boric con Raúl Soto -presidente de la Cámara de Diputados (izq.)- y Álvaro Elizalde -presidente del Senado (der.)-

Tras el plebiscito, el gobierno de Gabriel Boric quedó sin agenda política. Cada vez que intenta tímidamente mostrar un signo de iniciativa, es vilipendiado por la derecha y rápidamente retrocede y pide disculpas. Ese fue el triste espectáculo luego de los dichos de Camila Vallejo y Carolina Tohá frente a las negociaciones constituyentes. El mismo aire tuvo el “impasse” diplomático con la embajada de Israel

El nuevo proceso constituyente que cocinan los partidos tradicionales se muestra cada vez más descaradamente antidemocrático y oligárquico.La derecha de "Chile Vamos" asumió el timón de las negociaciones y el gobierno tiene que hacer gestos de buena educación, auto excluyéndose de la reunión de partidos para comenzar a definir el "nuevo proceso constituyente". Pero no se trata sólo de gestos. Desde el Frente Amplio ya estarían avanzando en definir restricciones para la postulación de independientes para que sean los partidos del régimen quienes controlen de principio a fin cualquier discusión constitucional.

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¿Estas disputas en las alturas tienen algún interés para el pueblo? Hay que decir que la ubicación del gobierno también compromete directamente sus promesas sociales. El supuesto “ambicioso” plan de reformas, quedó sujeto a las exigencias de la derecha en el Congreso. No es casualidad que el propio ministro de economía Mario Marcel haya aplicado la podadora a la reforma tributaria. Además de un amplio paquete de recortes a la reforma, esta semana se anunciaron nuevas indicaciones al royalty minero, con un ajuste al impuesto ad valorem (impuesto que grava el valor del bien), cambio de tramos y trazas del gravamen específico.

Los pilares fundamentales de la reforma previsional fueron desechados luego del plebiscito y todo indica que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán una sobrevida de la mano de Gabriel Boric. Para qué hablar de la reforma a la salud. Para el gobierno, el seguro universal quedó sin piso luego de la derrota del "Apruebo".

Esto, sin mencionar que Mario Marcel es un fanático del ajuste fiscal: “la economía chilena está camino a hacer los ajustes que necesita, estamos sobre cumpliendo nuestras metas fiscales”, es lo que aseguró frente a los inversionistas en Estados Unidos.

Tiene que quedar claro: con una reforma tributaria cada vez más limitada, un “sobreajuste” fiscal y una recesión económica que está siendo acelerada por la política monetaria del Banco Central, el espacio para reformas a favor del pueblo en educación, salud, pensiones y vivienda es prácticamente nulo.

Aunque el Gobierno se adapte a las exigencias de la derecha y el gran capital, asumiendo como propio el falso balance de que el triunfo del rechazo fue un espaldarazo al programa político y económico de la derecha, eso no significó un fortalecimiento. Por el contrario, el Gobierno de Boric estas semanas no ha hecho más que mostrar divisiones y signos de debilidad.

Explicábamos en anteriores notas por qué el devenir político del país hoy se encuentra entregado a un Congreso que políticamente está siendo dirigido por la derecha. Eso deja al gobierno en una posición subordinada y débil.

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Pero, a su vez, diversos incidentes muestran las divisiones latentes dentro de la coalición de gobierno. El propio Boric lo reconoció frente al debate sobre el "Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico" (TPP-11-Tratado de libre comercio de Asia - Pacífico). Mientras personajes claves de Socialismo Democrático -que son parte del gobierno- estarían dispuestos a aprobar el tratado neoliberal, los senadores de Apruebo Dignidad desmintieron que ellos fueran a aprobarlo.

De todas formas, nótese el tenor de las declaraciones. Boric aseguró que están buscando limar algunos de los aspectos más descarados del tratado que favorecen los intereses de las potencias imperialistas, a través de mecanismos diplomáticos como las llamadas “side letters”. Al mismo tiempo llamó a “actualizar la discusión” porque el escenario no es el mismo del 2018. Es decir, están lejos de asumir una postura firme y contraria al tratado comercial. Simplemente plantean que no está en su programa y que si el Senado quiere avanzar, bienvenido sea. Una manera elegante de lavarse las manos.

El incidente diplomático con la embajada de Israel le salió por la culata al gobierno. Finalmente tuvieron que dar todo tipo de explicaciones y gestos, que fueron aceptados por la embajada de Israel como confirmación de su posición colonial. En este punto nuevamente los ánimos se mostraron divididos, con la canciller Urrejola (de Socialismo Democrático) como una de las opositoras a la decisión de Boric.

Basta de excusas y subordinación al Gobierno

Detrás de toda esta politiquería, está la confirmación de que la “política de los consensos” y la “conquista del centro” no es más que subordinación a la derecha y los grandes capitalistas. Todos los pequeños gestos simbólicos “de izquierda” son sólo muecas dentro de este curso general.

A su vez, la debilidad del gobierno es expresión de una crisis orgánica más profunda que sigue abierta. El telón de fondo de estas peleas en las alturas del régimen pareciera ser la indiferencia de las y los millones que viven día a día los costos de la crisis económica. La inflación llega a niveles no vistos en 30 años que solo es superada por la de Venezuela y Argentina en la región. La canasta básica de alimentos acumula un alza de 22,4% en doce meses, aumentando los índices de pobreza y la caída de los salarios reales.

En este marco, luego del triunfo del "Rechazo", ante la debilidad del gobierno y el avance de la retórica populista de grupos de derecha como el Partido de la Gente o de los sectores más duros de la derecha, no falta quien asegura que hay que cerrar filas con el gobierno por más desastroso que éste sea. Se trata de un chantaje inaceptable.

Esperar y confiar en estos años a que el proceso constituyente surgido del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, o que el de Gobierno de Boric junto con sus colegas de la ex Concertación concederían las demandas de la rebelión de octubre, no ha hecho más que debilitar la organización de la clase trabajadora, los territorios y los movimientos sociales.

Subordinar la organización y movilización al gobierno y a la Convención Constitucional como hace Apruebo Dignidad y las cúpulas sindicales de la Central Única de Trabajadores (CUT), pero como también lo han hecho Movimientos Sociales Constituyentes y la Coordinadora Plurinacional, es lo que nos ha debilitado y fortalecido a la derecha. Y hasta la fecha no pareciera haber un balance serio y un cambio de curso.

Nada puede hoy sustituir la necesaria reorganización y reagrupamiento de los organismos sindicales, estudiantiles, asambleas territoriales y organizaciones sociales como la Coordinadora 8M, ACES, Coordinadora No+AFP, etc. Pero para esto hay que impulsar la discusión abierta y democrática sobre el resultado del plebiscito con plena libertad de debate a las diversas tendencias políticas en todas estas organizaciones y definir un plan de acción común para golpear de manera unificada, en base a un programa para que la crisis la paguen los grandes empresarios, empezando por exigir un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos y un salario y pensión mínimos de $650.000. Y retomando el programa de la rebelión de octubre para acabar con toda la herencia de la dictadura, partiendo por acabar con las AFP, salud y educación pública y gratuita, aborto legal, seguro y gratuito, nacionalización de los recursos estratégicos bajo gestión de trabajadorxs y comunidades, la libertad a las y los presos de la revuelta, entre demandas claves.

El inicial reanimamiento de la organización estudiantil y la existencia de huelgas económicas sintomáticas (como la que protagonizan las más de 1.300 trabajadores de INACAP -Sistema Integrado de Educación Superior), debe servir como punto de apoyo.

Si la clase trabajadora y los sectores populares no intervienen de manera independiente en esta crisis, los partidos de este régimen político encontrarán la forma de pactar un nuevo proceso constituyente totalmente antidemocrático y seguirán descargando los costos de la crisis sobre los hombros del pueblo. Y las conquistas que perdamos en esta crisis no podrán ser recuperadas de manera fácil.

Enfrentar la nueva cocina oponiéndole una salida democrática a través de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana basada en la movilización obrera y popular, y luchar por un programa de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas, son puntos claves para que emerja la clase trabajadora como actor político frente a este crisis.


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