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Red Internacional

Hace un mes el juez federal archivó el expediente justificando el accionar de Gendarmería que persiguió, controló movimientos y hasta capturó mensajes privados de la familia de Santiago Maldonado, periodistas y organizaciones. Este jueves las víctimas, acompañadas por referentes de derechos humanos, se presentaron ante la Cámara de Apelaciones que deberá resolver si avala la impunidad o revierte el fallo de Rafecas.

Jueves 18 de agosto | Edición del día

Este jueves al mediodía Sergio Maldonado, junto a referentes de organismos de derechos humanos, se presentó en los Tribunales de Comodoro Py del barrio porteño de Retiro. Allí los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, escucharon al hermano de Santiago Maldonado y a los abogados Matías Aufieri y Liliana Mazea, querellantes junto a Myriam Bregman en la causa por espionaje ilegal que recientemente el juez federal Daniel Rafecas decidió cerrar.

Como informó este diario a mediados de julio, tras cuatro años y medio de mantener la causa prácticamente paralizada, Rafecas falló en favor de la Gendarmería Nacional y de sus jefes políticos durante la gestión de Mauricio Macri, particularmente la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y en un mismo acto, justificó el espionaje ilegal practicado desde el Estado, lo que sienta un peligroso precedente para quienes son víctimas de la criminalización de la protesta social.

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Tras apelar la resolución de Rafecas, los querellantes fueron citados para este jueves a exponer sus fundamentos ante el tribunal integrado por Boico, Irurzun y Farah. Allí fueron acompañados por la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la hermana de desaparecidos María Adela Antokoletz Gard, les abogades de derechos humanos Ismael Jalil, Carlos Platkowski (CeProDH) y Claudia Ferrero (APEL), Pablo Lachener (CELS), Marisa García (referente de la ronda de los jueves) y la dirigente del MST Vilma Ripoll.

En diálogo con La Izquierda Diario el doctor Aufieri, referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), afirmó que “el juez Rafecas decidió cerrar la causa porque considera que no están acreditadas las tareas de inteligencia ilegal” que denunciaron. “Según él, el seguimiento que hacía Gendarmería que sobre personas y organizaciones era para prevenir ‘alteraciones del orden público’. Es la justificación histórica que se utiliza para que las fuerzas de seguridad espíen a quienes protestan”.

En octubre de 2017, pocos días después de que apareciera el cuerpo de Santiago, la querella denunció específicamente las actividades realizadas por el llamado Centro de Reunión de Información de Neuquén (CRINeu), que funciona dentro del destacamento de Gendarmería ubicado en la capital de esa provincia patagónica. Las tareas de espionaje habían quedado en evidencia en el expediente por desaparicion forzada que se tramitaba en el Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto.

Vale decir que, según el propio protocolo de Gendarmería y tal como lo estipula la Ley 25.520 de Inteligencia, esas tareas deben realizarse sólo a pedido del Poder Judicial, con una orden formal. Incluso el tipo de tareas denunciadas deberían ser realizadas por miembros de las fuerzas claramente identificados. Nada de lo que hicieron, al menos durante varios meses entre mediados de 2017 y comienzos de 2018.

“Además en este caso es inverosímil esa justificación, ya que los seguimientos eran personales sobre Sergio y su compañera Andrea (Antico), sobre miembros de la comunidad originaria, periodistas y miembros de organismos querellantes, no en manifestaciones. Es una violación flagrante a la ley de inteligencia por donde se lo mire”, enfatiza Aufieri.

“No se quiso investigar”

El abogado del CeProDH recordó que “cuando se peritaron los teléfonos de gendarmes que participaron de la represión que terminó con la vida de Santiago, se encontraron muchos chats en los que se demuestra que desde el CRINeu mandaban mucha de esa información al jefe de Gendarmería de El Bolsón, el capitán Fabián Méndez. Y otros gendarmes, que no participaron de ese hecho pero sí después, también lo hacían”.

“Nosotros decimos que en verdad no se quiso investigar. Durante años pedimos que investigaran al CRINeu, que Gendarmería y el Ministerio de Seguridad informaran qué tareas se le asignan, quiénes lo integran, qué información ‘reúnen’ y también quién portaba ese teléfono desde el que enviaba la información ilegal en nuestro caso. Pero todos esos pedidos concretos y fundamentales que hicimos fueron rechazados”, afirma Aufieri.

Y agrega que “hay medidas de prueba que se produjeron con más de un año de demora, lo que significó directamente perder evidencias en el caso de videos de cámaras ubicadas en distintos lugares donde Gendarmería hizo seguimientos. Naturalmente, cuando fueron a pedir los registros ya no había nada grabado”.

El abogado recuerda que, cuando con Myriam Bregman denunciaron el Proyecto X , lograron “que se allanaran algunos de esos ‘centros de reunión de información’. Pero acá ni siquiera quisieron pedir un informe. Eso es dar impunidad para espiar y hacer lo que quieran”.

Como se recordará, el Proyecto X es un sistema que usó Gendarmería durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner para hacer espionaje ilegal contra organizaciones políticas, de trabajadores y de derechos humanos, acopiando información con la que luego se armaban causas contra dirigentes y activistas.

Desde el CeProDH también pidieron que se investigue a Jorge Domínguez y Rafael Benz, dos importantes miembros del área de inteligencia de Gendarmería muy cercanos a Patricia Bullrich. “Pedimos que los investiguen porque aparecen en una causa penal de Chile, donde salió a la luz que ellos conspiraban junto a Carabineros para armar causas contra comunidades mapuche de ambos países. Ahí llegaron a cruzar datos de Santiago. Con eso generaron fake news y hasta falsas ‘hipótesis’ que el macrismo terminó metiendo en el expediente sobre su desaparición. Hay que recordar que hubo carabineros condenados en Chile por eso. Pero aquí a los gendarmes implicados no se los quiso investigar”.

“Son los cimientos del Estado”

“Desde el CeProDH creemos que este fallo va en línea con una serie de resoluciones judiciales similares de los últimos tiempos. Todas apuntan a no meterse con el espionaje que el Estado realiza cotidianamente a través de sus fuerzas represivas. Es que el Poder Judicial convive con esos órganos de inteligencia que, como siempre decimos, más que cloacas son los cimientos del Estado”, define Aufieri ante este diario.

Sobre esas resoluciones que se emparentan con la de Rafecas, desde el CeProDH mencionan varias que recientemente “exculparon a Macri y exfuncionarios suyos, sobre todo por espionaje, como a los familiares del ARA San Juan. También vimos cómo apartaron al juez que investigaba el espionaje mediante reconocimiento facial con las cámaras del Gobierno porteño. Si eso no es un mensaje de impunidad…”

El abogado agrega que cuando se trata de casos como el de Santiago Maldonado, donde están implicadas directamente las fuerzas represivas del Estado, “de la mano de la desaparición viene el encubrimiento, las pistas falsas, las operaciones de prensa. Hasta niegan que la víctima sea víctima o siquiera haya estado en el lugar”.

“Salvando todas las diferencias de cada caso, eso lo vimos también con Julio López en 2006, con Luciano Arruga en 2009 y con Facundo Castro en 2020, por nombrar tres casos por todos conocidos. En ese entramado, el espionaje a familiares y organizaciones que peleaban por verdad y justicia es parte del modus operandi”, concluye Aufieri.


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