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Red Internacional

El periodista y exmiembro de las FARC sigue detenido en Ezeiza pese a que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia suspendió la solicitud de extradición. Lleva ocho meses preso producto de una persecusión política del Estado colombiano, con quien colabora el Estado argentino a través del Poder Judicial y la Cancillería. La Comisión por la Libertad de Facundo Molares dio detalles de la causa y denunció que el Gobierno acaba de expulsar a un jurista colombiano que había viajado para participar de actividades en favor del detenido.

Miércoles 13 de julio | Edición del día

Este miércoles, en una conferencia de prensa realizada en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que preside Adolfo Pérez Esquivel, organizaciones de derechos humanos y políticas nucleadas en la Comisión por la Libertad de Facundo Molares informaron la situación legal en la que se encuentra el periodista y militante argentino, a la vez que exigieron al Estado su inmediata liberación.

El 7 de noviembre de 2021, tras un pedido del reaccionario gobierno de Colombia, el hombre de 46 años fue detenido en Esquel (Chubut) por un operativo conjunto de Interpol y la Policía Federal. Fue alojado en el penal de Rawson hasta febrero, cuando por un complicado cuadro de salud debieron trasladarlo a la Unidad 6 de Ezeiza, donde se encuentra actualmente. El 2 de mayo, desde Esquel, el juez federal Guido Otranto sentenció en favor del pedido de extradición hecho por Colombia.

La prisión de Molares es una muestra de “colaboración” del Estado argentino con el proceso de criminalización que lleva años en Colombia contra militantes sociales, sindicales y de organizaciones como las FARC. Pese a estar en vigencia desde 2012 los “acuerdos de paz” entre el Estado colombiano y las FARC, más de 300 exmiembros de esa organización y varios centenares de líderes y lideresas sociales fueron asesinados. Nada impide pensar que, de ser extraditado, Molares quede expuesto a correr la misma suerte.

Pero, además, desde el miércoles de la semana pasada el pedido de extradición de Molares se encuentra suspendido por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Este hecho debería cambiar radicalmente la situación de detención del periodista, ya que aquel país ahora no lo requiere para juzgarlo por supuestos delitos cometidos como miembro de las FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz reconoció su competencia sobre los delitos políticos que se le imputan a Molares y, por lo tanto, rechazó el pedido de extradición que había hecho la Justicia penal.

Detención y expulsión de un jurista

Este miércoles en el Serpaj hablaron representantes de la Gremial de Abogados, quienes defienden a Morales en Argentina, sus pares de Colombia (que atienden la causa allí) y organizaciones de derechos humanos y políticas. Dieron detalles sobre el estado actual de la causa y, además, sumaron una nueva denuncia. Se trata de “la detención y expulsión arbitraria de la Argentina en el aeropuerto de Ezeiza del abogado y jurista colombiano Diego Martínez Castillo, quien iba a ser uno de los oradores” de la conferencia de prensa.

Martínez Castillo es considerado uno de los “arquitectos” del régimen jurídico organizado para garantizar los acuerdos de paz. Fue miembro pleno de las comisiones que elaboraron los tratados discutidos por el gobierno colombiano y las FARC en la Habana (Cuba). Como parte de ese proceso fue parte del grupo de juristas que inauguraron la Jurisdicción Especial para la Paz y actualmente es uno de los abogados defensores que componen ese organismo. En esa calidad, declaró como testigo en el juicio de extradición de Molares. Según la defensa del imputado, fue un testigo “altamente calificado” que, tras varias horas de declaración, “dejó en ridículo a los fiscales colombianos y argentinos” que lo acusaban.

En la conferencia de prensa se informó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla, se negó a intervenir en favor de Martínez Castillo. La excusa fue que “no podían hacer nada” para que se le permitiera entrar al país, ya que el abogado figura en un listado de personas a las que el Estado colombiano pide que se les niegue el ingreso a países como Argentina. Una vez más, la colaboración interestatal para la criminalización de personalidades y organizaciones a las que sin empacho se las tilda de “terroristas”.

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Como se viene informando en La Izquierda Diario, el caso de Facundo Molares también involucra a la Cancillería argentina, que siempre se negó a impulsar las medidas tendientes a terminar con la persecución política al periodista y militante. Ni Felipe Solá ni su sucesor Santiago Cafiero explicaron nunca el por qué de esa negativa, haciéndole un gran favor a los sectores reaccionarios del Estado colombiano y del Poder Judicial argentino.

La conferencia de prensa de este miércoles finalizó con la exigencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de “que actúe con celeridad para poner fin a la injusta detención” de Molares. “¡Ni un minuto más preso! ¡Libertad a Facundo Molares!”, fue el llamado lanzado desde la mesa.


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