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Red Internacional

Sin haber sido juzgado por su complicidad con los crímenes contra obreros de la yerbatera, murió a los 97 años Adolfo Felipe “Toco” Navajas Artaza. Fue gobernador de Corrientes durante la dictadura de Onganía y funcionario de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

Gloria PagésHermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Martes 9 de agosto | Edición del día

Hijo del fundador del emporio Establecimiento Las Marías (que produce yerba y té bajo las marcas Taragüí, Unión, Mañanita entre otras) en la localidad correntina de Virasoro, Adolfo Navajas Artaza falleció el pasado martes por la noche al abrigo de la impunidad que le dieron sus estrechos contactos con el Poder Judicial y político a lo largo de toda su vida.

Navajas Artaza fue designado interventor federal de Corrientes, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, cargo que ocupó del 22 de septiembre de 1969 al 11 de enero de 1973; más tarde fue intendente de Virasoro y ministro de Acción Social de la Nación, a fines de la última dictadura genocida, con Reynaldo Bignone, del 22 de septiembre de 1982 al 10 de diciembre de 1983. Su siguiente paso lo da como senador nacional.

Entre 1985 a 1987 fue presidente del Concejo Municipal de Gobernador Virasoro, un cargo similar al de intendente. Fue presidente de, entre otras organizaciones, la Unión Industrial de Corrientes, la Federación y la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora y del Banco de la Provincia de Corrientes.

Fue acusado por sobrevivientes y familiares de obreros de Las Marías desaparecidos por su rol activo durante la dictadura contra obreros y luchadores. Parte ineludible del engranaje cívico militar de la dictadura, fue uno de los acusados en el llamado “Juicio Las Marías”, donde se investigó la responsabilidad de los directivos de la empresa en los secuestros, tormentos y desapariciones de trabajadores del establecimiento yerbatero, quienes además resultaban ser miembros o dirigentes de los gremios de FATRE (Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), hoy UATRE, y STIA (Sindicato de la Industria de Alimentación). En 2008 estuvo imputado para ser sobreseído rápidamente: 18 jueces federales se negaron a indagarlo y abrir una investigación por los lazos con el empresario.

El juicio siguió con un solo acusado: Héctor María Torres Queirel, coronel del ejército retirado, exintendente de facto de Gobernador Virasoro y administrador de la estancia yerbatera María Aleida, parte de Las Marías, su rol fue el de "marcar" a los trabajadores en las planillas de la estancia yerbatera, entre ellos se encuentran los nombres de quienes fueron reprimidos y desaparecidos, entre ellos Neri Pérez y Marcelo Peralta, delegados de Fatre. En agosto de 2018 fue absuelto. Se sellaba el pacto de complicidad entre el Poder Judicial y empresario en Corrientes.

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Las Marías “no solamente denunció a los trabajadores en causas penales armadas, provocando su secuestro y tortura”, sino que a su que también “la empresa habilitó y facilitó recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los delitos”. Así lo señala la investigación condensada en el libro Responsabilidad empresarial e delitos de lesa humanidad, realizado por Flacso y el Cels, donde se indica también que “la presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa” ocurría “de manera permanente”, y que “existieron casos de secuestros de trabajadores en viviendas emplazadas dentro de propiedades de la firma”.
En los documentos que se ventilaron durante el juicio aparecen señalados, tildados, marcados con cruces o circulitos, los trabajadores que fueron después víctimas de la represión: Marcelo Acuña, Ramón Aguirre, Juan Manuel Gómez, Pablo Franco. Incluso los que hoy permanecen desaparecidos: Neri Pérez y Marcelo Peralta. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para condenar a los responsables.

“El andamiaje político judicial, económico sigue vigente para garantizar la impunidad. El tribunal es parte como lo fue en la instrucción. No hubo compromiso de los operadores judiciales para investigar los crímenes de Las Marías. No hubo verdad ni Justicia. Sólo memoria. Esta sentencia no es la verdad. Seguimos teniendo derecho a saber dónde está Marcelo Peralta, Neris Pérez y todos los desaparecidos. Para nosotros Torres Queirel es responsable. Seguiremos construyendo la condena social para Las Marías y todos los responsables de las desapariciones de nuestros compañeros”, denunciaban en ese momento desde el Colectivo Justicia para Virasoro.

Por su parte, en el cuarto intermedio del juicio Jorge Pérez, hijo del desaparecido Neri Pérez contaba también a La Izquierda Diario: “Mi padre era trabajador en la estancia “Las Marías” el establecimiento que produce la yerba Taragüí, propiedad de los Navajas Artaza, mi padre era secretario adjunto del FATRE Federación Argentina de Trabajadores Rurales de la República Argentina, el por su participación en los sindicatos en el año 77 fue secuestrado de mi casa como ‘elemento subversivo’, enemigo del sistema que impusieron después con los militares. Mi padre trabajó y lucho siempre por sus compañeros, por mejoras laborales, ese fue su pecado, no venderse a la patronal”.

La lucha contra la impunidad de los empresarios que fueron parte de la dictadura sigue firme, porque ellos no solo siguen impunes sino que pasan los gobiernos y no dejan de amasar fortunas a costa de la explotación y sufrimiento de los trabajadores.

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