Política Perú

ELECCIONES 2021

¿La hoja de ruta de Pedro Castillo?

La suscripción de la “Proclama ciudadana” y la incorporación de liberales como Kurt Burneo al equipo técnico de Pedro Castillo, nos traen a la memoria lo hecho por Ollanta Humala en las elecciones del 2011. ¿Se viene una nueva hoja de ruta?

José Rojas

Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Lunes 17 de mayo | 12:33

Como se recuerda, la denominada “hoja de ruta” fue el instrumento político que le permitió a la burguesía nacional y extranjera asegurar, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2011, el compromiso de Ollanta Humala con la continuidad económica y política que se sostiene en el régimen jurídico expresado en la constitución de 1993. Aquí Ollanta, quien había suscitado mucho entusiasmo en los sectores populares por su discurso anti neoliberal y sus cuestionamientos a la constitución de 1993, formalmente asumió la defensa irrestricta del estatus quo, de la democracia y del estado de derecho, que no es otra cosa que la defensa del régimen del 93 que fue impuesto por la dictadura de Alberto Fujimori. Lo que vino después ya todos lo conocemos: continuismo económico en toda la línea y represión a las luchas sociales.

En lo que va de la presente campaña para la segunda vuelta, el profesor y dirigente sindical Pedro Castillo, quien llego a este balotaje enarbolando como principal consigna el cambio de constitución a través de una asamblea constituyente, ha empezado a dejar de lado esta demanda para priorizar otros planteamientos que lo acercan más a los empresarios y por tanto al continuismo económico y al sostenimiento del régimen del 93.

Según dicen sus partidarios, esta “nueva” orientación de Castillo tendría como objetivo ganarse al centro y despejar los miedos que su candidatura ha despertado en sectores de la población a raíz de la campaña macartista que la derecha y los grandes empresarios agrupados en torno a Keiko Fujimori vienen implementando. Lo cierto es que, con este posicionamiento electoral, el candidato del lápiz, le ha cedido toda la iniciativa a la derecha reaccionaria la cual ha logrado imponer su agenda continuista, no solo a través de Keiko sino a través de instituciones y ONGs que ahora abiertamente promueven proclamas y compromisos donde se resalta el respeto al estado de derecho y la institucionalidad burguesa, documentos que Castillo no se ha negado a firmar.

Uno de esos documentos, que nos recuerdan mucho a la hoja de ruta que firmo Ollanta Humala en la segunda vuelta del 2011, es la denominada “Proclama Ciudadana”, la cual fue promovida por la Conferencia Episcopal del Perú y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas, quienes representan el oscurantismo y la defensa de los valores más conservadores de la sociedad por eso se oponen abiertamente al aborto, al enfoque de género en los colegios y son promotoras de la nefasta campaña contra la supuesta “ideología de género”, la cual atenta contra los derechos de las mujeres y la disidencia sexual. A estas instituciones reaccionarias se suman otras como la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ONGs para quienes la defensa de la institucionalidad burguesa y el estado de derecho es lo fundamental.

Esta “Proclama Ciudadana”, mas allá de la retórica propia de este tipo de documentos, hace énfasis en la defensa de la institucionalidad, por eso plantea que el candidato “jure que cualquier cambio y/o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho”. Queda claro entonces que para quienes suscriben esta proclama, la constitución del 93 será la base jurídica que condicionará las iniciativas del nuevo gobierno, lo cual cierra las puertas para cambios que vayan más allá del régimen vigente.

Más adelante, este mismo documento plantea que el candidato: “jure respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado, así como respetar y proteger la autonomía de organismos como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú, entre otros”. Con la suscripción de este punto lo que hacen es asegurar la plena vigencia y la invulnerabilidad de las más importantes instituciones del estado peruano, las cuales han sido las principales cajas de resonancia de las políticas neoliberales y los intereses de los grandes empresarios en desmedro de las necesidades de las y los trabajadores y del pueblo en su conjunto.

Y para asegurar la estabilidad de las fuerzas represivas y la “paz social” de las clases dominantes, en otro apartado de la proclama se propone a los candidatos que: “juren respetar la institucionalidad meritocracia y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policiales”. De esta manera, cualquier intento, por más tímido que sea, de sancionar, remover o reestructurar estas instituciones carcomidas por la corrupción y responsables de la violación de los derechos humanos, queda descartado.
Esta proclama ya fue suscrita públicamente por Keiko Fujimori en un programa noticioso dominical, mientras que Pedro Castillo de Perú Libre hizo lo propio en un mitin que brindo hace poco ante sus seguidores en la ciudad de Iquitos. Ahora, ambos candidatos volverán a firmar este documento en un evento público a realizarse el lunes 17 de mayo, dándole así más fuerza mediática e impacto político.

De esta manera, el dirigente sindical Pedro Castillo, quien lidero la contundente huelga docente del 2017 y que llego a esta segunda vuelta enarbolando el cambio de la constitución y cuestionando a las instituciones podridas como el Congreso de la Republica y el Tribunal Constitucional, formalmente se compromete a respetar dicha Constitución la cual, al ser el principal chaleco de fuerza jurídico que nos impuso la dictadura de Alberto Fujimori, impide que nuestros recursos económicos y las empresas estratégicas (como las empresas productoras y de expendio de oxigeno medicinal, además de las clínicas privadas y cadenas farmacéuticas) puedan estar al servicio de las grandes mayorías. Por esa razón, decir ahora que la prioridad es la salud de los peruanos y ya no hablar de acabar con el régimen del 93, es demagogia pura.

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