La judicialización de la política y la nueva estrategia de la derecha para destituir a Pedro Castillo

Recordemos que desde que Pedro Castillo llego al gobierno, después de derrotar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, la misma Keiko y sus seguidores, además de la ultraderecha y algunos sectores de la derecha parlamentaria, desconocieron la victoria electoral del profesor rural aduciendo fraude, hecho que nunca pudieron probar de manera objetiva, por tal razón, su pedido de anular las elecciones fue desestimado en repetidas oportunidades por las instancias correspondientes.

Ya en la campaña electoral, Pedro Castillo había sufrido la arremetida de estos sectores y de los medios de comunicación, quienes lo acusaban de comunista, terrorista, violentista, etc., con lo cual buscaban crear miedo en la población, y a su vez, descalificar cualquier propuesta que ponga en cuestionamiento, aunque mínimamente, sus intereses y privilegios. A pesar de ello Castillo venció en la segunda vuelta ya que capitalizo electoralmente el descontento y la voluntad de cambio de la mayoría de la población golpeada por la crisis económica y por la deslegitimación de los partidos políticos y las instituciones del estado.

Sin embargo, y contrariamente a lo que esperaban sus votantes, una vez que Pedro Castillo y Perú Libre asumieron formalmente la dirección del poder ejecutivo, no tuvieron mejor idea que dejar en el olvido sus promesas de campaña, incluso las más moderadas, para tratar de implementar una estrategia de conciliación de clases y de cogobierno con el gran empresariado. Para lograr este objetivo incorporaron en puestos claves a figuras abiertamente neoliberales y fondomonetaristas como Julio Velarde, a quien Castillo nombro como director del Banco Central de Reserva. Hizo parte de esta estrategia de unidad con la burguesía, los permanentes llamados del presidente y sus ministros a los capitales imperialistas para que inviertan en el Perú. Ha ello también se debió la mantención hasta ahora del piloto automático neoliberal en materia económica y el abandono de la demanda por un cambio de Constitución vía una Asamblea Constituyente.

A pesar de todas esas concesiones a los grandes empresarios y a la derecha política, ellos parece ser que nunca le “perdonaron” a Castillo su procedencia social y su pasado sindicalista. Por esa razón, no terminaron por otorgarle su confianza y asimilarlo plenamente, como sí ocurrió con otros mandatarios como es el caso de Ollanta Humala o el mismo Alan García en su segundo gobierno. A esto, y al apetito de poder del fujimorismo y de la nueva ultraderecha parlamentaria, se debe la confrontación que libran de manera cotidiana contra el presidente desde el Parlamento y desde los medios de comunicación. Esta confrontación, sumada al abandono de sus promesas de campaña por parte del presidente, lo cual no permite la solución de los problemas concretos de la población, ha llevado a un incremento de la desaprobación de estos dos poderes del estado, elevando los niveles de crisis orgánica que desde hace un tiempo atrás se vive en el país.

Es en función de esta confrontación del Parlamento contra el Ejecutivo que, en lo que va del primer año de gobierno de Pedro Castillo, desde el Congreso ya se han promovido dos intentos fallidos de destitución presidencial, esto debido a que los sectores destituyentes no alcanzaron el número de votos necesarios para vacar a Castillo. Así mismo, se han realizado una serie de interpelaciones a diversos ministros, lo cual ha llevado a que en este año de gestión, el presidente se haya visto obligado a cambiar a tres premieres y a más de 57 ministros de diferentes carteras. Si bien muchos de los ministros cambiados tenían serios y reales cuestionamientos, otros solo fueron removidos de sus cargos por la presión del Parlamento y de los medios de comunicación.

Es así como llegamos a la actual situación política, donde, desde la Fiscalía de la Nación se acusa al presidente de la República de presidir una “organización criminal” dedicada a promover licitaciones públicas fraudulentas, las cuales favorecerían a personas cercanas al entorno del mandatario. Esta supuesta “organización criminal”, a decir de la Fiscalía, estaría compuesta, además del presidente, por la primera dama, Lilia Paredes, Yenifer Paredes (cuñada de Pedro Castillo), otros integrantes de la familia presidencial y el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. La Fiscalía basa sus denuncias en las declaraciones de los denominados “colaboradores eficaces” y en denuncias periodísticas. De proceder esta estrategia fiscal, el presidente podría ser destituido de sus funciones, lo cual le allanaría el camino a la ultraderecha y a la oposición parlamentaria de derecha para tomar control del ejecutivo, sea a través de la asunción de la actual vice presienta Dina Boluarte o de la presidenta del Parlamento Lady Camones. De esta manera la Fiscalía, en la práctica, estaría haciendo el trabajo que no pudo hacer la oposición parlamentaria al juntar las firmas para concretar la vacancia presidencial.

Cabe mencionar, sin embargo, que a la actual Fiscal de la Nación Patricia Benavides, se le acusa de haber participado en el cambió de la fiscal suprema adjunta titular Bersabeth Revilla, quien venía investigando a su hermana, la jueza superior Emma Benavides, a quien se le acusaba de estar vinculada en presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal, ya que al parecer habría ayudado desde su cargo como jueza a personajes vinculados al narcotráfico. No es la primera vez que importantes funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial se ven comprometidos en casos de esta naturaleza, sino recordemos el sonado caso de los “cuellos blancos" que involucraba a una serie de Jueces y Fiscales quienes se vieron envueltos en casos de corrupción y de tráfico de influencias favoreciendo con sus fallos e investigaciones a conocidos políticos del medio y a delincuentes comunes.

No son pues, la Fiscalía y el Ministerio Publico instancias asépticas y al margen de la descomposición que padecen los diversos poderes e instituciones del Estado Peruano, sino todo lo contrario, desde estos espacios de poder se blindan y protegen de manera recurrente no solo a narcotraficantes y políticos corruptos, sino también a los grandes empresarios que cotidianamente abusan de sus trabajadores, violan el medio ambiente o atentan contra la vida y la salud de la población. Así pues, la Fiscalía y el Ministerio Público no escapan a la instrumentalización política que llevan adelante los poderes facticos. Por eso, no nos merecen la más mínima confianza, ya que, como lo evidencian experiencias nacionales e internacionales recientes, la judicialización de la política ha sido, en estos últimos tiempos, un recurso muy utilizado por los grupos de poder.

Es muy probable que Pedro Castillo y su entorno familiar y político estén realmente involucrados en temas de corrupción, pero creemos que no son el Poder Judicial, el Ministerio Publico o la Fiscalía de la Nación las instituciones idóneas para administrar justicia en relación a este y otros casos, ya que sus principales funcionarios (jueces y fiscales) fueron designados de espaldas al pueblo, por tanto, sus decisiones y fallos carecen de objetividad debido a que son permeados permanentemente y de manera sistemática por los intereses económicos y políticos de las clases dominantes.

Es por esa razón que no depositamos ninguna confianza en los poderes del estado carcomidos por la corrupción engendrada por el sistema capitalista. Impulsemos la auto organización y la movilización obrera y popular para desde allí luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita, entre otras cosas, hacer que los jueces y fiscales puedan ser elegidos por voto popular y ganen como gana un trabajador calificado y no los vergonzosos emolumentos que hoy perciben por “administrar justicia”. Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos permitirá también darle una salida a la actual crisis política y ponerle ´punto final al régimen del 93 que es el amparo jurídico del cual se valen la casta de políticos corruptos y los empresarios para mantener sus privilegios.