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Red Internacional

El Gobernador Alberto Rodríguez Saá se ensaña con las y los más humildes, ejecutando políticas de ajuste y persecución, bien en sintonía con las recetas y recomendaciones del FMI.

Jueves 10 de marzo | Edición del día

En los últimos cuarenta años, en la Provincia de San Luis, más del 60 % de la población se ha visto afectada por las políticas de ajuste efectuadas por los Gobiernos de los hermanos Rodríguez Saá, y su posterior hijo político, Claudio Poggi (ahora, su opositor con Juntos por el Cambio). Todos fieles ejecutores de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ya después de la crisis del 2001, con el deterioro de las condiciones laborales y el aumento exorbitante de la desocupación, el Gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá comenzó con la implementación del Plan de Inclusión Social, a los fines de contener el descontento social que recaía sobre su administración.

Tal política social abarcaba a un tercio de la población puntana, sumergida en la marginalidad y en el desempleo. La puesta en marcha de este plan ha sido siempre un mecanismo de contención sobre los sectores populares, cuyas necesidades materiales y laborales han sido postergadas por años, a cambio de un salario de miseria que con suerte, al día de hoy, llega a los $22.000.

Frente a un panorama de mayores aumentos en las tarifas de luz, gas, en los productos del almacén o el supermercado, en los alquileres, etc., resulta irrisorio que en una provincia donde literalmente no existen las paritarias (los aumentos salariales salen por Decreto) se les obligue a los sectores populares a renunciar a otras ayudas sociales mínimas que son percibidas a nivel nacional.

Desde que existe el Plan de Inclusión Social, muchas trabajadoras y muchos trabajadores han sido sometidos a todo tipo de persecuciones, hostigamientos, despidos y maltratos por parte de diversos funcionarios afines al Gobierno provincial. Actualmente, las lógicas amedrentadoras siguen siendo moneda corriente desde el aparato gubernamental.

De forma anticipada, el viernes pasado, el ejecutivo provincial puso en marcha un Proyecto de Ley para la creación de un “nuevo Plan de Inclusión”, el cual será tratado en la apertura de sesiones legislativas del 2022. La intención de dicho proyecto es que todos los actuales beneficiarios deberán elegir entre adherirse al “nuevo plan” o dejar de percibirlo en el transcurso de tres meses; y plantea la incompatibilidad del nuevo plan con cualquier otro beneficio provincial o nacional, instando a cientos de familias a renunciar a las ayudas mínimas que perciben de otros programas.

Como si esto fuera poco, meses atrás, el Gobernador Rodríguez Saá se había comprometido con la “formalización” de las trabajadoras y los trabajadores del Plan de Inclusión Social, disponiéndoles de algún “tipo de contrato”. Sin embargo, como suele ocurrir, a las promesas se las lleva el viento Chorrillero. Ahora, en el marco de los acuerdos con el FMI, la gobernación se alinea con las condiciones estructurales que implicarán el nuevo acuerdo nacional con el organismo internacional de crédito.

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Por todo ello es que trabajadoras y trabajadores del Plan de Inclusión Social están reclamando y se vienen movilizando, tal cual lo hicieron ayer en las puertas de la Legislatura provincial.

Ante el próximo e inminente acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI, los ataques sobre la clase trabajadora, los sectores populares, las mujeres y la juventud tenderán a seguir profundizándose. Esto deja una sola alternativa, continuar organizándose y comenzar a delinear un plan de lucha nacional para pararle la mano a las políticas de ajuste de los Gobiernos, avalados por sus cómplices cambiemitas y la derecha libertaria.




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