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Red Internacional

Las demandas pendientes de la clase obrera para esta segunda vuelta

Las y los trabajadores han sido los más golpeados en lo que va de la crisis económica y sanitaria que se vive en el país, sin embargo, sus principales demandas han sido dejadas de lado por los dos candidatos que postulan a la presidencia de la República. En la presente nota mostramos algunas de las principales demandas de la clase obrera que no han sido tomadas en cuenta en el último debate técnico.

Mariana RojasMilitante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores

Miércoles 26 de mayo | 23:56 | Edición del día

El debate técnico sostenido entre Perú Libre y Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este 6 de junio, ha dejado enormes vacíos programáticos en torno a las reivindicaciones de la clase obrera, y del medio ambiente. A continuación, señalamos algunas reivindicaciones urgentes que las y los trabajadores de base y los sindicatos exigen, y que no han sido debidamente atendidos por el partido Perú Libre que impulsa la candidatura presidencial de Pedro Castillo.

1.- Eliminar la suspensión perfecta

El gobierno de Martín Vizcarra, a solicitud de María Isabel León, Presidenta de la CONFIEP quien exigió la urgente modificación laboral al Decreto Legislativo 728 dada la situación de pandemia, estableció el Decreto de Urgencia 38-2020 y su respectivo reglamento el Decreto Supremo 11-2020 creando así la figura de “suspensión perfecta de los contratos laborales”, o, en otras palabras, la suspensión de salarios y todo tipo de derecho salarial a los obreros.

Estas normas han permitido que los empresarios apliquen de forma discriminatoria la suspensión perfecta de labores a los trabajadores sindicalizados, fomentando la desaparición de facto de los sindicatos. La CONFIEP logró, de esta forma, imponer su propuesta gremial y convertirla en ley, al lograr que el Ejecutivo derogara la inicial figura de “licencia con goce de haberes” que debía aplicarse en tiempo de pandemia, permitiendo que los trabajadores que no podían laborar por el cierre de las tiendas y puestos de atención reciban una compensación, pues la inactividad y paralización de funciones laborales tenía una causa de fuerza mayor no imputable a la conducta del trabajador.

El gobierno de Francisco Sagasti prorrogó la figura de suspensión perfecta de los contratos de trabajo, permitiendo el total abuso laboral que permitía mantener hasta 8 meses sin salarios a trabajadores en suspensión perfecta. La suspensión perfecta se muestra así como un despido encubierto, sin derecho a los beneficios sociales reconocidos por ley, pues en teoría el obrero “sigue siendo trabajador” pero no recibe compensación alguna.

En ese sentido, es urgente primero la derogatoria del reglamento, el D.S. N° 11-2020 que impida el trámite de esta figura ante el Ministerio de Trabajo, paralizando de facto la acción abusiva de los empleadores, y la derogatoria del Decreto de Urgencia 38-2020.

2.- Condonación de todas las horas adeudadas a los trabajadores suspendidos por estar enfermos o ser personal de grupo de riesgo.

El personal calificado como grupo de riesgo, tanto en las fábricas, minas o en el sector comercio, está suspendido de labores, sin embargo, al reincorporarse al trabajo van a tener que trabajar más horas que el resto de trabajadores.

Diferentes sindicatos de estos sectores han señalado que las empresas han condonado horas adeudadas de trabajo a trabajadores no afiliados, mientras que, si el trabajador es afiliado al sindicato y está enfermo no le condonan ninguna hora de trabajo, y, por el contrario, le aumentan horas como represalia antisindical.
Exigimos la condonación de horas a todo el personal enfermo o considerado dentro del grupo de riesgo que no haya podido trabajar visiblemente por el coronavirus, sin discriminación alguna por su condición de afiliado al sindicato.

3.- Cunas y lactarios obligatorios en todas las empresas y puestos de trabajo Desde la instauración de la Ley de Fomento del Empleo por parte de Fujimori, las cunas y lactarios han sido olvidadas por la legislación laboral, al punto de dedicarle sólo la ley 29896 que no es obedecida por gran parte de los empleadores tanto en el sector privado como en el sector público.

Sunafil ya no fiscaliza este incidente, ni le asigna multas, por lo que el sector privado y el sector público progresivamente eliminan estos lugares tan necesarios para las mujeres trabajadoras en edad fértil.

Exigimos la obligatoriedad de la implementación de cunas y lactarios en las fábricas y puestos de trabajo donde el trabajo es presencial.

4.- Reglamentación de la norma que deroga el CAS, Ley 31131. Nombramiento inmediato de todo el personal estatal CAS y Tercero.

El gobierno de Sagasti, al igual que el gobierno de Vizcarra, han aceptado la presión de la CONFIEP y el MEF, grupos empresariales que se niegan a elevar el presupuesto público para el sector salud y el personal de trabajo. A la fecha, personal de salud de primera línea tiene varios meses de salarios impagos bajo el régimen CAS y Tercero, sin tener acceso tampoco al bono Covid. Exigimos que la Ley 31131 se respete y se cumpla, ordenando el nombramiento inmediato del personal CAS y tercero.

5.- Prohibición de contratación de locadores de servicios cuando van a realizar un trabajo subordinado a tiempo indeterminado. No al fraude laboral.

Exigimos que se prohíba la contratación mediante el fraudulento régimen de terceros que priva de derechos laborales a los trabajadores estatales. El periodo de prueba es tiempo suficiente para determinar la aptitud del trabajador y su importancia en la entidad pública. Exigimos, de igual forma, el abono de todos los conceptos salariales negados al personal contratado por locación de servicios, pues son trabajadores y lo han sido luego de superar el periodo de prueba.

6.- Prohibición de la tercerización laboral en todos los servicios públicos, y en el sector privado.

Urge acabar con el negocio de la tercerización laboral permitida por la OSCE, el organismo de contrataciones del Estado, pues los servicios públicos se financian con los impuestos de todos los trabajadores y no es posible que se eliminen obligaciones tributarias y laborales a las empresas privadas de limpieza, saneamiento, luz y telefonía mediante este esquema de contratación.

Exigimos la eliminación de la tercerización e intermediación laboral fraudulenta en el sector minero y petrolero, pues afectan directamente los derechos salariales y la salud de los trabajadores.

7.- Eliminación de la jornada atípica en minería. Exigimos el reconocimiento de las horas extras laboradas en los socavones y complejos metalúrgicos.

La jornada atípica en minería introducida por el artículo 25 de la Constitución fujimorista y la Ley de Jornada y Sobretiempo elimina el reconocimiento de las horas extras laboradas por día en los campamentos mineros. El régimen atípico de 14 días de trabajo por 7 de descanso no reconoce las horas extras generadas por día, tampoco le permite el doble pago por los días trabajados en caso éstos sean en día feriado o los domingos, además de exponer innecesariamente al trabajador a los productos tóxicos propios de la industria, y separarlo de su familia.

8.- Inmediata atención de los casos de contagios de Covid-19 y otras enfermedades en los socavones y campamentos mineros, exigiendo la instalación de centros médicos públicos.

Las empresas mineras cuentan con pequeños centros de atención para urgencias menores, que no pueden atender graves casos de enfermedades pulmonares propias de la actividad minera, y mucho menos, casos graves de Covid-19. Exigimos intervención inmediata en los socavones para dar auxilio a los obreros, pues la vida de los obreros vale más que las ganancias de los empresarios.

9.- Eliminación de la Ley de Exportación No Tradicional Ley 22342 que priva de derechos salariales a los obreros textiles y del rubro de empaques plásticos.

El régimen de exportación no tradicional, Ley 22342, nace durante la dictadura reaccionaria de Morales Bermúdez, quien además de implementar la Operación Cóndor exterminando a dirigentes sindicales y militantes de izquierda, también instauró este régimen antilaboral para los obreros textiles y de la industria de empaques plásticos. El régimen es un sistema de contratación temporal que no reconoce todos los derechos laborales y, además, no protege al obrero textil contra el despido arbitrario.

10.- Control Obrero de la Mina Cobriza de Doe Run y de la Refinería de la Oroya, con el apoyo financiero de Fondo Empleo.

La refinería de la Oroya de Doe Run está paralizada hace 10 años por conflictos patrimoniales de los propios capitalistas dueños de la mina, y sus otros acreedores, pese a ser una refinería que está en óptimo estado. La Mina Cobriza de esta misma empresa, por su parte, ya tiene más de un año en paralización de actividades y la total indiferencia del Estado y sus operadores, pues no quieren afectar los intereses de Doe Run y sus acreedores. Esto genera pobreza y falta de empleo en la región, pese a ser dos enclaves industriales claves para el desarrollo de toda la población, dado el precio de cobre en auge.

Por ello, frente al abandono capitalista, exigimos control obrero de la Refinería de la Oroya y la Mina Cobriza, sin intervención de la Federación Minera ni de los políticos corruptos del PC. Exigimos el apoyo financiero de Fondo Empleo para los gastos necesarios en la reanudación de labores de la mina y su mantenimiento, pues el dinero de Fondo Empleo es el dinero de todos los trabajadores.

11.- Expropiación sin indemnización de las empresas deudoras por multas ambientales, laborales y tributarias. No más perdón de deudas ni ganancias fraudulentas a costa de la evasión tributaria y la explotación del obrero.

Los empresarios de la CONFIEP se han enriquecido con el sucesivo perdón de deudas y exoneraciones tributarias que la SUNAT y el MEF les han concedido, sin embargo, no pagan los derechos salariales a sus obreros y los despiden cuando éstos protestan. En ese sentido, exigimos la expropiación sin indemnización de las empresas deudoras por multas ambientales, laborales y tributarias tales como Telefónica del Perú – Movistar, que debe más de 700 millones de soles al Estado Peruano y tiene un pésimo servicio. De igual forma, esta expropiación debe dar paso al control obrero y la democratización del servicio de telefonía, además del servicio de internet. De igual forma, la Compañías Mineras que deben más de 3 000 millones de soles al Estado Peruano, y que llevan sus ganancias a paraísos fiscales sin aportar en nada a la población local deben ser expropiadas sin indemnización y deben pasar a estar bajo el control de sus trabajadores con la fiscalización del pueblo organizado.

12.- Derogatoria de la Nueva Ley agraria 31110, pues es la misma ley maquillada de la Derogada Ley Chlimper.

Exigimos la eliminación de la Nueva Ley Agraria Ley 31110, y que todos los trabajadores agrarios sean considerados trabajadores estables bajo el D.L. 728, pese a su ritmo intermitente de trabajo. Exigimos igualmente la eliminación de la tercerización e intermediación laboral en el agro, y el inmediato aumento de 70 soles diarios que no fue atendido por el Congreso de la Republica.

13.- Modificación del Decreto de Urgencia 022-2019. Todos los trabajadores audiovisuales deben ser considerados trabajadores estables, y reconocerse sus derechos laborales.

El D.U. 022.2019 no reconoce a los trabajadores audiovisuales como trabajadores, sino como pequeños contratistas independientes. Exigimos la modificación de esta norma, de tal forma que todos los trabajadores audiovisuales sean considerados trabajadores estables, con la debida protección laboral.

14.- Participación obrera en el control y prevención de desastres ambientales
La OEFA fiscaliza a solicitud de parte y no logra disuadir a las empresas de contaminar, pues las multas ambientales no son cobradas. Exigimos el inmediato cobro de estas multas, y el reconocimiento de la participación obrera para el control y prevención de desastres ambientales.

De igual forma, exigimos que los empresarios gestionen eficazmente sus desechos industriales pues contaminan al obrero y su familia. Los obreros están en la facultad de hacer huelgas para exigir la adecuada gestión de estos desechos tóxicos producto de la actividad industrial, y exigir a los empresarios que limpien sus desechos.
De igual forma, exigimos la NULIDAD de las concesiones mineras o industriales en zonas naturales protegidas como humedales o reservas naturales, o bien en zonas que afecten directamente cuencas hidrográficas, como las cabeceras de cuenca, pues contaminarían inexorablemente el agua de todo el país y del continente.

Exigimos indemnización a las familias afectadas por la contaminación minera de Cerro de Pasco, Espinar, Cajamarca y tía María, además de la prohibición de realizar nuevas operaciones de exploración minera a tajo abierto en Cerro de Pasco pues la ciudad ya no puede soportar tanta exposición a metales y líquidos tóxicos que contienen arsénico. Y si las empresas se niegan a acatar este punto, exigimos la expropiación sin indemnización y con control obrero de las empresas mineras en Cerro de Pasco pues la forma indiscriminada de explotación minera está matando a la población, siendo esto totalmente repudiable.

15.- Nueva constitución, a través de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nazca de la auto organización obrera y popular y de la lucha del pueblo trabajador.

Para desmontar el legado fujimorista que se expresa en la Constitución de 1993, necesitamos una Asamblea Constituyente Libre y Soberana impuesta por la movilización y la auto organización obrera y popular.

Esta Constituyente deberá contar con la participación de los obreros elegidos democráticamente por sus bases, y no los eternos dirigentes de las centrales burocratizadas, pues estas han perdido protagonismo y representatividad. También deberán ser parte de esta: las mujeres, la juventud y los pueblos originarios. De igual forma, de esta asamblea constituyente deberá excluirse a los operadores políticos de la CONFIEP.

Decimos que esta Constituyente tiene que ser LIBRE ya que no puede estar sujeta a los dictámenes ni presiones del ejecutivo, del legislativo y de las demás instituciones al servicio de los empresarios, y decimos que debe ser SOBERANA ya que mientras dure deberá tener la facultad para implementar medidas ejecutivas dentro de las cuales la prioridad será la implementación de un plan de emergencia que contemple, entre otras, las medidas antes señaladas, lo cual es fundamental para evitar que la presente crisis la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo pobre.

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