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Ministros de Economía y Agricultura se pronuncian contra incremento salarial y mejores condiciones laborales para los trabajadores agrarios

Los ministros Waldo Mendoza y Federico Tenorio, cuestionaron la posibilidad que se incrementen los salarios y se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores agrarios con lo cual el gobierno, una vez más, muestra su entraña reaccionaria y pro empresarial. Urge una salida de fondo para acabar con la precarización laboral y salarial.

José Rojas

Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Martes 29 de diciembre de 2020 | 19:24

Fotos: El Comercio

Mientras el Congreso de la República debatía la posibilidad de aprobar una nueva ley agraria, el ministro de Economía y Finanzas Waldo Mendoza, así como el ministro Federico Tenorio de Desarrollo Agrario y Riego manifestaron públicamente su disconformidad con la posibilidad que esta nueva ley agraria recoja las justas y sentidas demandas de los miles de trabajadores agrarios, quienes exigen incremento salarial y acabar con la precarización laboral.

Federico Tenorio, en declaraciones para la prensa manifestó que “el objetivo es conseguir una ley que guarde equilibro entre la reivindicación de los derechos laborales y el crecimiento económico de la agricultura” y que, si esto no se daba, o para ser más exactos, si el ejecutivo consideraba que no era así, ellos estarían dispuestos a realizar “algunas observaciones con el propósito de mejorar la propuesta de ley”. En síntesis, lo que nos quiere decir Tenorio es que, si la ley que surgiría del parlamento no complace a los empresarios, el ejecutivo la observa y punto.

Cabe destacar que ministros como Federico Tenorio o el mismo presidente Francisco Sagasti, consideran que cualquier mejora para los obreros del campo solo puede ser reconocida como ley si es que los grandes empresarios agroindustriales y los agroexportadores así lo permiten, por esa razón, gremios patronales como la CONFIEP y AGAP, son considerados por el ejecutivo como los intermediarios de primer orden en este proceso de negociación.

El ejecutivo olvida así de manera intencional que estos empresarios fueron los mismos que por más de 20 años se beneficiaron de las ganancias del boom agro exportador sin que esto redunde en beneficios para sus trabajadores, y que si hoy se discute la posibilidad de aprobar una nueva ley agraria, esto no es por voluntad de dichos empresarios sino por los contundentes paros que realizaron los obreros agrarios con los cuales se obligó al parlamento a derogar la nefasta Ley de Promoción Agraria que legalizaba la precarización laboral, los salarios de hambre y los beneficios tributarios para los grandes empresarios.

Por otro lado, Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas tampoco tuvo el más mínimo reparo en señalar el día de hoy que “un probable aumento de sueldo del 50% de golpe al trabajador agrario era inverosímil”. Según Mendoza un incremento salarial de esta naturaleza llevaría a que: “Se festejaría por un día, pero ¿qué pasaría al día siguiente? Al día siguiente, se generaría una enorme cola persiguiendo esos puestos de trabajo con un sueldo recontra atractivo”.

Estas aseveraciones del ministro de Economía se hacen desde la óptica de los empresarios, para quienes el crecimiento económico y las ganancias empresariales, necesariamente deberán hacerse precarizando el trabajo y reduciendo los salarios de los trabajadores. Esta forma de concebir el desarrollo económico, que para la mayoría de políticos y académicos del país es un dogma incuestionable, es la que ha estado vigente y ha predominado en el Perú desde que se aprobó la Constitución de 1993. Esta visión es la responsable de que hoy la pobreza y el desempleo, así como la debacle de los servicios públicos, sean los factores más relevantes de nuestra sociedad.

Es contra estas visiones patronales y capitalistas que están luchando los trabajadores agrarios y, es precisamente, contra los candados jurídicos y políticos que los empresarios nos imponen para seguir materializando sus intereses, que el conjunto del pueblo trabajador debe encaminar su lucha en la presente coyuntura. Estos candados jurídicos tienen su expresión más abarcadora en la constitución de 1993 que es la que les da “base legal” a los empresarios y al estado para que puedan promover la precarización laboral que hace parte del paquete neoliberal impuesto desde la década del 90.

Por eso, para acabar con la precarización laboral y los salarios miserables como los que padecen los trabajadores agrarios, urge acabar cuanto antes con el legado neoliberal expresado en la constitución del 93. Para avanzar en ese sentido debemos continuar con la pelea por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nazca de las ruinas del viejo régimen político y que se sostenga en la auto organización obrera y popular y en la movilización de los trabajadores del campo y de la ciudad, así como en los sectores populares golpeados por la crisis económica. Ello nos permitirá también avanzar de mejor manera hacia la conquista de un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo y el imperialismo.

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