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Red Internacional

Derogación ordenanza 7402/19. Opiniones de vecinos sobre el transporte de colectivos en la capital jujeña

Desde hace unos días por iniciativa del concejal del PTS-Frente de Izquierda recorre las redes un petitorio para que se derogue la ordenanza (7402/19). La misma le otorgó la capacidad al Intendente de modificar las tarifas del transporte urbano de pasajeros. Acá te mostramos algunas opiniones y reclamos de los vecinos.

Jueves 19 de mayo | Edición del día

El mencionado petitorio plantea la derogación de la ordenanza 7402/19 y además se pronuncia por la creación de una “comisión auditora” conformada por trabajadores, vecinos, estudiantes, organismos de defensa del consumidor y profesionales, que puedan controlar y proponer medidas para mejorar el sistema de transporte de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Esta iniciativa de la izquierda también se da en el marco de la juntada de firmas impulsadas por un sector de las organizaciones sociales que junto a un grupo de concejales disidentes del PJ se pronuncian contra la ordenanza en cuestión.

Son muy pocas las personas, como el Intendente "Chuli" Jorge, las que pueden evitar usar el transporte público para recorrer la ciudad y poder realizar sus tareas cotidianas como ir al trabajo o a la escuela, salir de compras, hacer trámites, etc. Es por eso un aspecto central de la urbanidad de la ciudad y en la vida de los vecinos. Por esto mismo muchos estamos familiarizados con las condiciones del servicio y la frecuencia. El pasado 2 de mayo este servicio tuvo un nuevo aumento, de 19% que se suma al 97% que acumuló durante 2021.

La realidad es que hoy la capital jujeña tiene la tarifa más cara del colectivo en todo el NOA. Y el servicio cada vez funciona peor.

Como es de esperar esto generó una gran molestia, en particular en un contexto de inflación que golpea duramente los bolsillos de las familias trabajadoras y sectores populares. El otro lado de estas subas, es que no se corresponde con inversiones en el parque automotor, aumento de líneas o recorridos, etc; ni mucho menos en los salarios de los chóferes y trabajadores del sector.

El petitorio se encuentra también on-line y una de sus opciones permite a los firmantes desarrollar sobre cuáles cree son los problemas más graves del servicio de transporte.

Las respuestas son claras y expresan de forma muy gráfica los principales problemas que vivimos en nuestra cotidianeidad con los colectivos y que se extienden a todos los barrios de la capital: "Coches viejos, en mal estado, frecuencias mínimas sobre todo los fines de semana. Pasan llenos en horario pico" dice un vecino de Alto Comedero, pero se repite la misma idea en Chijra, San Pedrito, Ciudad de Nieva, Centro, Lozano. Otro elemento que denuncian de diferentes lugares es el monto del boleto o sobre líneas que no tienen la cantidad de unidades necesarias para atender la demanda de un barrio.

Estos problemas son principalmente responsabilidad de los empresarios que, por un lado, no invierten en atender las demandas de miles de usuarios respecto al servicio; pero tampoco responden a las demandas salariales de chóferes y trabajadores del sector. Pero también es responsabilidad de los gobiernos que no garantiza los controles necesarios, avalando así la desidia de los empresarios, e incluso que permiten que los subsidios no se contemplen a la hora de calcular los montos del pasaje, cómo se evidenció en la última reunión de la Comisión de transporte del Concejo Deliberante.

El proyecto del concejal de la izquierda y el lanzamiento de este petitorio, que también lo pueden tomar en sus manos organizaciones barriales, sociales, políticas, estudiantiles, es unir los reclamos de los choferes y los usuarios para aportar a desarrollar una fuerza social que frene el negociado con el transporte público que hacen empresarios con los gobiernos como garantes.

Por eso, la defensa de los derechos de trabajadores (incluido el derecho a huelga) y de los usuarios es clave para ir por un servicio de calidad, la apertura de la contabilidad de las empresas, el cese de los negociados, y una salida de fondo como sería la municipalización del servicio bajo control de los trabajadores, usuarios que junto con organizaciones del consumidor y profesionales, gestionen y planifiquen un servicio acorde a las necesidades sociales y no de un negocio privado.




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