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Red Internacional

Derechos de las infancias. Preocupación por el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en Neuquén

El Foro en defensa de la 2302 alertó sobre una resolución del Ministerio Público de la Defensa que vulnera el derecho de infancias y adolescencias a ser escuchados en el ámbito de la justicia. Convocan a una Audiencia Pública el 15 de mayo a las 17 horas en la Legislatura de Neuquén.

Lunes 8 de mayo | Edición del día

Foto: Flor Salto

El Foro en defensa de la 2302 denunció que una resolución del Ministerio Público de la Defensa que firmó su titular, la Dra. Vanina Merlo, “vulnera el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes”. La Resolución, que lleva el número 19 con fecha 9 de marzo, “implementa un nuevo protocolo de intervención en guardias de las Defensorías del niño y adolescentes de la 1° Circunscripción, de Neuquén capital. Delegan, luego de las 14 horas, en el Ministerio de Desarrollo Social todas las evaluaciones y decisiones para salvaguardar la integridad y la vida de un niño, niña u adolescente que se encuentre en riesgo”.

Profesionales de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social compartieron la preocupación y junto a ATEN Capital y Plottier convocaron a una primera reunión con el diputado Andrés Blanco del Frente de Izquierda en la Legislatura de Neuquén. Lograron poner el tema en la agenda pública, presentaron iniciativas legislativas y exigieron audiencia con la jefa de Defensores, la Dra. Vanina Merlo.

La voz se fue corriendo y ante la falta de respuestas se volvieron a reunir. Se sumaron, esta vez, la diputada Soledad Salaburu, ATEN provincial, profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, Colegios de profesionales y organismos de Derechos Humanos. Convocaron a una conferencia de prensa y entregaron nota al Ministerio Público de la Defensa.

Vulneran el derecho de las infancias y adolescencias a ser escuchados en el ámbito de la justicia

Uno de los derechos fundamentales consagrados por la Ley Provincial N°2302 es el derecho de las infancias y adolescencias a contar con un defensor o defensora en el ámbito de la justicia. En su artículo 49° crea la figura del “Defensor de los derechos del niño y adolescente”. Es quien se encarga de velar por la protección integral de sus derechos. “Esa función la ejerce un titular, los defensores adjuntos, un equipo interdisciplinario y personal administrativo”, dice la norma.

La jefa del Servicio de Maltrato y Abuso Sexual Infantil -Línea 102, del Hospital Provincial Neuquén, la licenciada Mónica Gatti, aseguró que la resolución “deja sin defensa a niñas, niños y adolescentes”. Y explicó: “Si un niño o niña está en peligro viviendo con su padre y su madre porque lo han maltratado gravemente, porque han puesto en peligro su vida, es el defensor quien tiene que tomar una medida de protección. Es el defensor quien tiene que escuchar ese niño o niña, quien se tiene que constituir en el lugar y ponerse a disposición del niño o niña”.

La Ley también dice que tanto el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud tienen que tener equipos suficientes para trabajar con esas familias. “Desarrollo Social tiene que tener hogares, familias sustitutas. Salud tenemos que tener equipos donde médicos, trabajadores sociales, psicólogos sepan cómo diagnosticar, cómo curar a ese niño, niña y adolescente, cómo trabajar con ellos y con sus familias. Pero si el riesgo de vida persiste, las lesiones no cesan, hay que tomar una medida de protección. Y después de las 14, los niños, niñas y adolescentes siguen estando en riesgo. Sin embargo, ahora a los defensores no se los puede llamar y hay que llamar únicamente al Ministerio de Desarrollo Social”, señaló con preocupación la licenciada Gatti.

La resolución de Vanina Merlo deja sin defensa a niñas, niños y adolescentes

En este mismo sentido, Julieta Katcoff, trabajadora social de la Línea 102 aseguró que “la resolución vulnera el derecho a ser escuchados en el ámbito de la justicia a la vez que degrada la calidad de la atención que se merecen los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque a partir de ahora las situaciones de urgencia las abordará un Ministerio que históricamente sufrió recortes y vaciamiento, con profesionales que encuentran en situación de precarización laboral”.

Esto lo confirmó Daian Mora, una trabajadora social del equipo de guardias de la 2302 del Ministerio de Desarrollo Social: “Hasta el momento veníamos trabajando con las Defensorías en forma coordinada. Ahora se desdibuja cuál va a ser su rol. Quedamos más en soledad de lo que ya estamos trabajando”. Y explicó: “Las y los profesionales que trabajamos en la guardia no nos conocemos, no hay espacios donde reunirnos para supervisar casos. El profesional cuenta con un teléfono y un auto institucional para moverse, pero después estás prácticamente sola haciendo todas las evaluaciones e intervenciones”.

Es un cambio en la práctica desde la implementación de la Ley 2302

Neuquén fue una de las primeras provincias en el país que creó un marco jurídico acorde a la Convención de los Derechos del Niño que promulgó la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. Diez años después, se sancionó la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la primera ley que expresaba un nuevo paradigma en Argentina.

La pediatra Mónica Belli, una de las profesionales que elaboró ese marco normativo e integrante del Foro en defensa de las 2302, sostuvo que “nunca en estos más de veinte años se había puesto este obstáculo en el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Es un cambio en la práctica desde la implementación de la Ley 2302. Aleja a los niños, niñas y adolescentes del acceso a la justicia y de una protección adecuada, vulnerando su derecho a ser escuchados en el ámbito de las Defensorías”.

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Las Defensorías minimizaron las consecuencias del nuevo protocolo

Ante los cuestionamientos de diferentes áreas de la sociedad civil, Salud y Desarrollo Social, desde las “Defensorías del Niño y el Adolescente” de la Circunscripción 1° respondieron a través de un comunicado. En primer lugar, apelaron a la corresponsabilidad en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Existe un sistema de protección integral de las infancias que lo componen el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, hospitales y centros de salud, el Ministerio de Educación, las escuelas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, fuerzas de seguridad, la comunidad en su conjunto, la defensoría de los derechos del niño, niña y adolescentes y los juzgados de familia”, indicaron.

En este sentido, las defensoras insistieron en la responsabilidad y el rol que la ley 2302 asigna al órgano de aplicación Ministerio de Desarrollo Social, “organismo que ha dispuesto un sistema de guardias para la pertinente intervención con profesionales y especialidad”. Y señalaron que dicho ministerio “realiza despeje y evaluación primaria de las situaciones que se presenten en distintos ámbitos". En caso de ser necesario restaurar derechos vulnerados la intervención de la Defensoría es garantizada por quienes suscribimos en ejercicio de la guardia”.

Sin embargo, la realidad de las primeras experiencias que relataron las profesionales de las áreas de Salud y Desarrollo Social en la implementación de esta nueva resolución muestran verdaderos obstáculos para que un niño, niña o adolescente ejerza su derecho a ser escuchado en el ámbito de la Justicia.

Vanina Merlo se negó a derogar la Resolución

La titular del Ministerio Público de la Defensa, Dra. Vanina Merlo, recibió a las organizaciones en defensa de los derechos de las infancias el viernes 5 de mayo en la Ciudad Judicial. También estuvieron presentes las Defensorías del niño y el adolescente de la circunscripción N°1 de la capital de Neuquén.

“Merlo comenzó aclarando que desde el Ministerio que conduce se defiende la aplicación y la vigencia de la ley 2302 y lo que harán ante la próxima modificación del Código Procesal Civil. Dijo que la Resolución en cuestión intenta ordenar el trabajo interno de las Defensorías en las situaciones de Guardia y que de ninguna manera implica un efecto de desprotección de las infancias en estos casos. Insistió que después de las 14 se atiende el celular de guardia a cualquier efector que se comunique”, contó Marcela Lima, trabajadora social del Servicio de Maltrato y Abuso Sexuál infantil y una de las participantes de la reunión.

Explicó que el planteo de las organizaciones fue claro más allá de estás argumentaciones por parte de las Defensoras. “Pedimos la derogación de la resolución N° 19 cuya redacción determina que la intervención en la urgencia después de las 14 debe ser abordada por la Guardia del Ministerio de Desarrollo Social y será quien determinará luego si se le dará intervención o no a la Defensoría”.

Al igual que en el comunicado público de las Defensoras, minimizaron las consecuencias de la aplicación del nuevo protocolo y convocaron a una nueva reunión la semana que viene. “Consideramos que las instancias de búsquedas de consensos, tendrían que haberse generado antes de la aplicación del protocolo”, cuestionaron las organizaciones.

La Dra Vanina Merlo se retiró en la mitad de la reunión y dejó claro que no suspenderá ni derogará la resolución. Esto mantiene a las organizaciones en estado de alerta permanente.

El último eslabón de una cadena de vulneraciones a las infancias

La resolución del Poder Judicial no es un caso aislado. Es el último eslabón en una cadena de acciones y omisiones por parte de las autoridades que vulneran sus derechos. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 39,2% de la población es pobre. “Son las infancias y adolescencias las que sufren las peores consecuencias de la desigualdad y el Gobierno no destina el presupuesto necesario para garantizar la proyección integral de sus derechos como dice la ley 2302”, señaló Katcoff.

Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo a nivel mundial, mientras crecen los récords de producción y exportación, crece la desigualdad. Las condiciones estructurales desiguales no sólo son un punto de partida, sino que tienden a profundizar a lo largo de su vida. El Estado y sus instituciones, lejos de implementar políticas públicas y presupuestos acordes para cumplir la ley y garantizar una protección integral de las infancias y adolescencias, con su práctica reproducen esas desigualdades.

Si bien la Ley Provincial 2302 es una ley de avanzada y pionera en el país en la protección integral de niños, niñas y adolescentes y en la adaptación al nuevo paradigma que las y los reconoce como sujetos de derecho, su letra no se cumple.

La pobreza tiene implicancias y consecuencias concretas para los niños y niñas que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Hay niños y niñas que no alcanzan a realizar las cuatro comidas básicas vulnerando su derecho a una alimentación adecuada que les permita crecer y desarrollarse en forma saludable. La pobreza también implica que no tengan acceso a la vivienda. La falta de acceso a servicios elementales y básicos como el agua potable.

“Vemos enormes vulneraciones del derecho a la salud de las infancias. Hay largas listas de espera para especialidades fundamentales como fonoaudiología, gastroenterología, cardiología y neumonología. Al vulnerarse el derecho a la salud de las infancias se vulneran una serie de derechos que tienen implicancia en el desarrollo y la vida de las infancias”, alertó Katcoff.

La violencia y el maltrato de las infancias son también un problema de salud. “Hay un sólo equipo especializado para atender este tipo de problemáticas en la provincia. Eso implica vulnerar el derecho de miles de niños y niñas que no pueden ser escuchados y de alguna manera preservados en su integridad tanto física, emocional, sexual y demás”, denunció la trabajadora social.

El Gobierno y sus instituciones tampoco garantizan el derecho a la educación. Hay faltantes de bancas y vacantes en escuelas de toda la provincia. Neuquén crece demográficamente, por las promesas de Vaca Muerta ingresan alrededor de 80 familias por día y desde el gobierno no hay una respuesta para que estas pibas y pibes puedan ser escolarizados. Las condiciones edilicias y la falta de inversión del gobierno ponen en riesgo cotidianamente la vida de toda la comunidad educativa.

Las escuelas son la caja de resonancia en la que niños, niñas y adolescentes expresan todas las demandas más estructurales y falencias psicosociales en sus hogares en un contexto de pobreza. Y lamentablemente que no haya equipos interdisciplinarios en cada escuela para acompañar o derivar este tipo de situaciones, para fortalecer una red que acompañe su desarrollo más integral, trae mayores vulneraciones.

Escuelas sin mantenimiento ponen en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes

“En el marco del incumplimiento de la ley 2302 no hay equipos interdisciplinarios que actúen según las necesidades reales de las escuelas. Como venimos denunciando desde ATEN Capital y Plottier, hay un alto porcentaje de escuelas sin mantenimiento escolar incluso con situaciones que ponen en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes como la reciente explosión en la caldera de la Escuela N° 354 . Exponen la vida de la comunidad educativa como en la Escuela de Aguada San Roque en la que la maestra Mónica Jara y dos operarios perdieron su vida”, alertó Fernanda Vargas de la Comisión Directiva de ATEN Plottier.

Es por esto, que junto con la ley se creó, en Neuquén, el Foro en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes que desde hace 23 años defienden la ley contra cualquier intento de reforma y exigen presupuestos acordes para su cumplimiento. Las organizaciones que forman parte del Foro en defensa de la 2302 junto a las organizaciones políticas, gremiales y de derechos humanos convocan a una Audiencia Pública en defensa de las infancias y adolescencias el 15 de mayo a las 17 horas en la Legislatura de Neuquén.

Bajo el lema la 2302 no se toca, se cumple, convocan a trabajadores y trabajadoras de Salud, Educación, de Desarrollo Social, a las comunidades educativas que pelean por las condiciones edilicias de sus escuelas, a las organizaciones que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a los diputados y diputadas de diferentes bloques a debatir la actual situación de la infancias y adolescencias y exigir al Gobierno presupuesto y políticas concretas para que la ley 2302 se cumpla.


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