Hay un incremento significativo de contagiados y fallecidos por Covid-19, lo cual ha abierto una discusión sobre quién sería el responsable. Para nosotros, la responsabilidad es del presidente Martin Vizcarra quien, a pesar del aumento de contagios, levanto formalmente la cuarentena el 1 de julio en la mayoría de las regiones sin implementar ninguna medida sanitaria ni socioeconómica que evite la exposición popular al contagio, la detección oportuna del virus y el apoyo médico a los contagiados.
Miércoles 22 de julio de 2020 | 15:26 | Edición del día
El pasado 20 de julio se hizo público el informe denominado “Seroprevalencia de anticuerpos anti SARS-CoV-2”, el cual refleja un estudio sobre el índice de contagiados de Covid-19 en la ciudad de Iquitos ubicada en la región Loreto. Este trabajo de investigación fue realizado por la Dirección Regional de Salud de Loreto y el Ministerio de Salud, con el apoyo de investigadores de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, y de la Organización Panamericana de Salud.
Esta investigación se realizó entre los días 13 y 18 de julio, cuando ya el gobierno central había levantado la cuarentena para congraciarse con las demandas de los grandes empresarios agrupados en torno de la CONFIEP, que exigían por todos los medios tener la libertad formal para retomar sus actividades económicas, a pesar que muchos de ellos no pararon durante la cuarentena, al margen que sus actividades no estuvieron consideradas como esenciales. Es a razón de esa negligencia de los empresarios, quienes gozaron de la complicidad del ejecutivo, que muchos trabajadores terminaron contagiados. A esto se suma que, durante la cuarentena, el gobierno no implemento ninguna medida sanitaria para detectar a tiempo el virus y para mejorar los servicios sanitarios, además, que no se dieron medidas compensatorias en el terreno económico que eviten que la población salga de sus casas a buscar trabajo.
Es por ello que la investigación realizada en la ciudad de Iquitos, pone en evidencia hechos impactantes como por ejemplo que el 71.0% del total de la población de esta ciudad, se habría contagiado de Covid-19. Esto quiere decir que 7 de 10 personas que viven aquí habrían contraído el virus. Dentro de la población afectada, son los jóvenes menores de 20 años los más expuestos al contagio (76.0% de contagiados), así como las mujeres, las cuales tienen un margen de contagio de 73.0% en comparación con los hombres quienes tienen un margen de contagio de 58.0%.
Escenas dramáticas como las protagonizadas hace poco en la ciudad de Arequipa por familiares de contagiados quienes, por las carencias sanitarias, no podían ser atendidos en los hospitales públicos, o el incremento de contagiados en regiones como Moquegua donde el mismo presidente regional se contagió, así como funcionarios de su entorno, pondrían en evidencia que la realidad que se vive hoy en Iquitos y que fue reportada por el informe reseñado, sería similar a lo que está pasando en muchas regiones del interior del país, lo cual no estaría siendo graficado por las cifras oficiales, las cuales nos muestran que hoy tenemos 362 087 contagiados, lo cual pone al Perú en el 6to lugar de países con mayores contagiados en el mundo. Sin embargo, estas cifras podrían ser mucho mayores si se hacen estudios serios y detallados en las ciudades del interior del país.
¿Y cómo llegamos hasta aquí?
Para los defensores del gobierno, la responsabilidad recaería en la población irresponsable o en los presidentes regionales quienes no habrían hecho las gestiones necesarias para paliar las consecuencias de la crisis, sin embargo, los defensores de esta tesis olvidan decir que el régimen político en el Perú, si bien reconoce márgenes de descentralización administrativa a los gobiernos regionales, no deja de ser centralista ya que las decisiones más importantes en materia económica y de gestión política recaen en el presidente de la república y el ejecutivo, y es precisamente desde este poder del estado que nunca se implementó el testeo masivo para detectar oportunamente a los contagiados, tampoco se incrementó el presupuesto al sector salud ni se mejoró sus servicios, a ello se suma que, como ya lo dijéramos, a la población en cuarentena que dejo de trabajar no se le otorgo un salario de cuarentena que hubiera ayudado a evitar que estos se vean obligados a salir a las calles a buscar fuentes de subsistencia.
Y eso se dio porque el gobierno, en lo que va de la crisis, ha priorizado a los grandes empresarios en desmedro del pueblo trabajador, por esa razón se dieron los rescates millonarios a través de Reactiva Perú o la promulgación de la suspensión perfecta que faculta los despidos masivos de trabajadores, a esto se suma las facilidades a las clínicas y cadenas de farmacias privadas que, con la venia del gobierno, elevaron de manera exorbitante el costo de sus servicios y productos. Ni que decir del fracaso categórico del bono que nunca llego a la población afectada.
Por eso, este gobierno pro empresarial no merece la más mínima confianza, sino todo lo contrario. Urge entonces retomar la lucha por el testeo molecular masivo y gratuito; por hospitales de campaña debidamente implementados; por plantas de oxigeno medicinal en todas las regiones; porque se elaboren respiradores artificiales con el apoyo de las universidades; que todas las empresas privadas vinculadas a la salud (farmacias, clínicas y laboratorios) pasen a estar bajo control de sus trabajadores y que sus actividades se pongan al servicio de las necesidades sanitarias del pueblo. Peleemos también por un salario de crisis que tenga el valor de la canasta básica familiar (1,500 nuevos soles) y que se les otorgue de manera mensual a todos los trabajadores que perdieron el trabajo, así como a los trabajadores ambulantes y a todos los perjudicados por esta crisis sanitaria. Estas y otras medidas solo serán posibles afectando las ganancias de los grandes empresarios, que son los mejores aliados de Martin Vizcarra.
