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Red Internacional

Casta judicial. Superior Tribunal de Jujuy: ¿Qué hay detrás de la renuncia de jueces?

Se efectivizaron las renuncias de dos Ministras del STJ provincial. Las mismas responderían a una nueva “reorganización” a pedido del poder político que gobierna la provincia. La independencia de los poderes pregonada por Gerardo Morales se encontraría más cuestionada que nunca, mientras que los privilegios de este selecto grupo de funcionarios no son los motivos de sus cuestionamientos.

Miércoles 4 de mayo | Edición del día

En las últimas jornadas el poder judicial de la provincia de Jujuy se vió totalmente convulsionado por las novedades y movimientos que se concretarán de manera inexorable. El destino político de varios de los ministros de la máxima corte tendría su final con la decisión tomada por el máximo referente del oficialismo gobernante.

Este desenlace tuvo su inicio en el pasado 21 de abril en la 3ra Sesión Ordinaria de la Legislatura, cuando tomaron estado parlamentarios pedidos de juicio político a tres miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Los apuntados en esa oportunidad eran la Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone, el Dr. Sergio González y la Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano. Recordemos que Altamirano había sido designada en una maniobra escandalosa, algunos la llamaron menemista, por la cual Gerardo Morales ampliaba el número de miembros de la Corte para garantizarse su manejo político, haciendo votar a diputados la modificación de la ley que luego les permitiría asumir como jueces. Altamirano fue una de los “dipujueces”. El otro miembro del escándalo fue Pablo Baca, quién debió renunciar a su cargo en el Superior Tribunal en el año 2020 por denuncias de abuso sexual y el desgaste político que representaron los audios difundidos donde reconocía que la dirigente Milagro Sala estaba detenida porque así lo quería el gobernador Morales.

Por estas horas las renuncias de la Dra Altamirano y Falcone fueron aceptadas. Esta última seguiría gozando de los enormes privilegios que otorga ser parte de un selecto grupo de funcionarios judiciales que por ejemplo no pagan impuesto a las ganancias, perciben una dieta que rondaría el millón de pesos mensuales y ahora disfrutaría de una jubilación con el régimen del 82%, condición a la que la mayoría de los trabajadores asalariados no acceden. Para ambos cargos ya se estarían buscando postulantes más diligentes y apegados a los designios del líder, se habla del actual Fiscal de Estado, Mariano Miranda, la actual Diputada Provincial, Gabriela Burgos y otros nombres de menor trascendencia.

El caso de la renuncia de Sergio González tendría otros ribetes, más retorcidos todavía, ya que este cargo “pertenecería” a la “oposición”. El propio gobernador estaría esperando el guiño de su actual socio político y comercial, Rubén Rivarola, titular del PJ local y Presidente del Bloque de diputados del FdT. Según trascendidos, la vacante ya tendría puesto el nombre de Walter Barionuevo, ex gobernador de la provincia y actual asesor del armado rivarolista.

Por estas horas se conoció del ingreso formal de nuevos pedidos de juicio político, esta vez para los jueces Laura Nilda González, José Manuel del Campo y Federico Francisco Otaola. La decisión política de que estos pedidos tomen estado parlamentario e inicien el proceso formal ya estaría tomada y solamente faltaría que sendos pedidos tomen estado parlamentario. Resta saber cuál será el destino de estos magistrados, ¿Renunciarán, se acogerán al beneficio de la jubilación de privilegio como sus pares o esperarán aferrados a sus cargos el proceso de investigación, enjuiciamiento y posterior condena que llevará adelante la Legislatura provincial?

La justicia subordinada a las urgencias políticas

¿La justicia es independiente? Clara y objetivamente, no. Realizar esta afirmación tan demoledora y tajante no es cosa difícil, ningún lector bien intencionado y medianamente informado podría creer que el poder judicial de un sistema de gobierno, pensado y armado para garantizar los beneficios de una clase dominante, lo podría ser. Es el caso del poder judicial nacional y provincial, este último es el que analizamos en estas líneas.

Nos remontemos a diciembre de 2015, recién iniciado el mandato del gobernador Morales, ingresaba a la Legislatura un proyecto de ley para lograr la ampliación del número de vocales del Superior Tribunal de Justicia, dos de los diputados que levantaron la mano para ampliarla, días después pasarían a jurar como jueces del máximo tribunal y otros reconocidos militantes también eran nombrados formando un bloque oficial y obteniendo la presidencia del órgano.

Otra de las medidas fue crear el Ministerio Público de la Acusación, una estructura dependiente del Poder Ejecutivo, inconstitucional según el análisis de diversos juristas, cuyo titular fue puesto por el Gobernador con la anuencia de la nueva mayoría parlamentaria y que sería la espada con la que se iniciaría un régimen acusatorio y persecutorio con el que se armaron causas y se encarcelaron a dirigentes y luchadores que alzaron la voz en contra de la voluntad del primer mandatario y su gobierno. Como herramienta anexa se comenzó a utilizar el Código Contravencional, herencia del gobierno fellnerista, para profundizar el régimen persecutorio y policíaco.

De igual manera se votaba un nuevo sistema de selección de jueces por el cual se pretendía mostrar una falsa objetividad en las designaciones ya que los postulantes pasaban por un proceso de selección, por medio de un concurso de oposición y antecedentes, para recién ser propuestos por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para su aprobación. Lo que se omite mencionar es que en la última instancia de este “concurso” el Gobernador tiene la potestad de alterar el orden de mérito según su entender y necesidades del sistema, volviendo a quedar estos nombres a voluntad del poder político de turno.

Repasando solamente estos tres ejemplos, ¿Alguien todavía puede creer que la justicia de Jujuy, dejó de ser una Justicia al servicio de los poderosos y subsumida al poder político como lo fue durante las décadas peronistas en las que el bipartidismo (PJ-UCR) también se repartían los cargos como botín de guerra?

De manera inobjetable estamos siendo testigos de una reconfiguración de la justicia jujeña, con un nuevo plantel de magistrados más obedientes a las necesidades del nuevo -viejo- tándem gobernante. La última incorporación al STJ ordenada por Morales fue de su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, quien comandó todos los operativos represivos y persecutorios, en una clara señal de reforzar el régimen policíaco. Ahora con los nuevos recambios estaría en sintonía con mantener lo conquistado en materia represiva y otorgar nuevos privilegios a la casta política concediendo una reforma constitucional a su medida como indican algunos analistas.

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Necesitamos una justicia sin privilegios

Claramente las necesidades de justicia del pueblo trabajador no son contempladas por este sistema jurídico, donde sus funcionarios son designados por favoritismos partidarios y ante la necesidad de contar con la inestimable ayuda de sus fallos. Ante esto urge la necesidad de que los que imparten justicia sean elegidos por el pueblo trabajador mediante el voto directo, que su permanencia en los cargos sea revocable, que los juicios y fallos de los juicios sean impartidos por jurados populares y los ingresos de los funcionarios judiciales dejen de ser cifras varias veces superiores respecto a salarios y jubilaciones y que ganen como cualquier trabajador. Es falso que un juez deba ganar cifras obscenas para ser imparcial, ejemplos de jueces corruptos que tienen dietas millonarias abundan.

*Foto de portada: Poder Judicial de Jujuy.




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