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Red Internacional

Madres y familiares de detenidos en la Unidad 42 de Florencio Varela que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, denuncian como sus seres queridos son torturados y privados de derechos elementales tras los muros. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el Estado tortura todos los días.

Viernes 22 de octubre | Edición del día
Foto: Varela Informa

En este diario reflejamos decenas de denuncias de personas detenidas y sus familiares, que sufren todos los días la violencia del Estado en todas las formas. En las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, las condiciones en que se encuentran las más de 50.000 personas privadas de su libertad, son una tortura sistemática.

En este caso Susana, madre de uno de los detenidos en la unidad 42 de Florencio Varela de la cual reservamos por obvias razones sus datos, relata el calvario de su hijo tras ser detenido en ese lugar: "El día que el llegó a esa Unidad le roban sus pertenencias, lo golpearon muchísimo, le sacaron su teléfono celular que es la única manera de que podamos saber cómo está y que nos avise si necesita ayuda. Todo esto es amparado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, que es una mafia. Hablan de reinserción cuando los mismos penitenciarios los torturan, estoy desesperada".

Lo que denuncia Susana se multiplica en cientos de madres y familiares, que no encuentran ninguna respuesta ante las torturas a sus seres queridos. La de alimentación y atención médica, condiciones de hacinamiento insoportables, son parte de lo que todos los días se vive en las cárceles de las cuales Axel Kicillof y su Ministro de Justicia Julio Alak son responsables.

Hace unos días publicamos como guardias de la cárcel de Varela le destrozaron una pierna a una detenida mientras estaba en su celda, y los casos se multiplican.

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En pocos días se cumplirá un año de la represión histórica en varias cárceles bonaerenses, que dejó un saldo de más de mil quinientos heridos y por la cual ningún integrante del gobierno bonaerense se hizo responsable.

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En el mes de julio, la Comisión Provincial por la Memoria señaló en un informe: "La conjugación de un esquema de control policial territorial con la opción judicial automática por el encierro deriva en una captación selectiva de jóvenes pobres para su ingreso al sistema penal. En 2019, las personas menores de 25 años representaban el 20% en el SPB y el 26% en comisarías. A su vez, la intervención se concentra sobre presuntos delitos contra la propiedad, en un porcentaje cada vez mayor a medida que se avanza en la cadena punitiva: ellos representan el 39% de las personas detenidas en comisarías, el 40% de las investigaciones penales iniciadas por el poder judicial, el 42% de las prisiones preventivas concedidas y el 45% de la población carcelaria (valores correspondientes a 2019)".

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La pandemia por coronavirus volvió a dejar al desnudo como en las cárceles y comisarías del país se tortura y mata todos los días. Tras discursos punitivistas, de mano dura, que no sólo envalentonan a las fuerzas de "seguridad" y a todo el sistema penal, incluidos jueces y fiscales, se tejen los mecanismos para que en especial durante las crisis sociales y económicas, el poder represivo del estado se despliegue en todas sus expresiones.




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