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13 de agosto de 2022 Twitter Faceboock

SUPLEMENTO IDEAS DE IZQUIERDA MX
Precarización y reestructuración del trabajo en el sector público
Iván Montero, Queremos Trabajo Digno
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Introducción

Después del auge que experimentó el sector público entre 1970 y 1981, vendría una reestructuración impulsada por las políticas neoliberales de la que nos interesa destacar dos consecuencias:

1. Se profundiza la separación entre una burocracia de élite y una mayoría de trabajadores estatales cuyos salarios no resisten la pérdida de su poder adquisitivo.

2. En un entorno de crisis estructural del capital, de reestructuración del trabajo a nivel mundial y dados los compromisos del Estado mexicano con el capital financiero, en el sector público se van a implementar modalidades de contratación que se inscriben en la lógica de la precarización laboral: contratación por honorarios, eventuales, subcontratados, capítulo 3000, nómina 1, nómina 8, Galeno Salud, profesores por asignatura, etc.

El esbozo que aquí presentamos, deja ver que las modificaciones en el sector público que ha planteado el gobierno lopezobradorista son apenas marginales y superficiales, las cuales no cuestionan la subordinación al capital financiero, ni la monumental precarización del trabajo.

Reestructuración neoliberal en el sector público

La década de los setenta fue un periodo de auge relativo en la administración pública, a la par fue el periodo de crisis nacional, que se expresó en el estancamiento productivo del sector industrial (el declive de la llamada industrialización nacional por sustitución de importaciones). Este estancamiento no es producto de un proceso meramente interno, sino que es parte de la totalidad interdependiente del capitalismo internacional en crisis estructural.

El que por un lado se presente un aparato estatal en auge y expansión al lado de la crisis económica, [1] políticamente se explica por las luchas del trabajo que emergieron en esta década ─la llamada insurgencia obrera─ [2] y cuyo precedente inmediato es el movimiento estudiantil de 1968. El Estado administró esta contradicción extendiendo prebendas económicas en algunos sectores estatales, [3] así como redoblando la represión y cooptación política encabezada por el corporativismo sindical del PRI.

Un ejemplo del auge del sector estatal, puede verse en los salarios medios por rubro. Los salarios de los trabajadores estatales estaban entre los más altos, [4] sobre todo en la industria petrolera y eléctrica que ocuparon los tres primeros lugares de 1973 a 1983. En ese último año estas dos industrias agrupaban a 323 mil trabajadores.

Sin embargo, la crisis de la deuda externa de 1982 hará cada vez más visible la imposibilidad de seguir manteniendo un aparato estatal en expansión, así como las prebendas. Por lo que la reestructuración en el sector público se presentó como una necesidad del capitalismo mexicano ante sus crisis, lo que comenzó a denotar un salto en la subordinación del Estado al poder financiero global en ascenso. [5]

Es a través del mayor endeudamiento público con acreedores extranjeros y privados que los pagos de deuda comenzaron a ser una carga cada vez más pesada para el erario y fueron la palanca para que los organismos financieros (FMI, BM) comenzaran a imponer su política económica (déficit fiscal, inflación, tipos de cambio, balanza comercial, injerencia en la política estatal, etc.). [6]

Las contradicciones entre un aparato estatal en auge, una economía industrial en declive y las presiones del poder financiero global por apoderarse de los recursos públicos, se resolverán con las privatizaciones y el abandono en que se dejó al sector público, que se llevaron a cabo -principalmente- en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien consagró este giro neoliberal con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

De las 1,155 paraestatales que llegaron a existir en 1982, al final del sexenio de Miguel de la Madrid son 412; para 1993 quedan 213. El impacto para la clase trabajadora en el sector público fue descomunal durante el sexenio de Salinas de Gortari, en 1988 había 1.525 millones de trabajadores en las empresas públicas, al acabar su mandato, en 1994, quedaría 526 mil 719, ¡una tercera parte! [7]

Particularmente, de 1992 a 1993 se da una brusca reducción del 50 % del personal remunerado en el Gobierno Federal, pasa de 2.065 millones a 1.028 millones de personas, mientras que los gobiernos estatales pasan de 817 mil a 1.8 millones de personas remuneradas.

Para compensar este abandono al sector público, que repercute no solo en las empresas paraestatales, sino en salud, educación, vivienda, cultura, etc., el Estado descentralizará su aparato. Mientras en la Federación se achica, en las entidades se expande y se les hace partícipes en las funciones que antes centralizaba la Federación.

Con esta maniobra, el Estado en su conjunto va a ir disminuyendo los recursos que se asignan a los rubros de carácter social y se aumentan los recursos para los pagos de la deuda (principalmente intereses) en manos de acreedores privados.

La burocracia del Estado contra las y los trabajadores estatales

Esta reestructuración en el aparato del Estado, será la que profundice la polarización en la administración pública. Por un lado, con los gobiernos neoliberales se va a estancar el salario de la mayoría de los trabajadores estatales o los aumentos que se hacen no van a recuperarse de la pérdida de su poder adquisitivo dada la inflación y las devaluaciones [8] propias de una economía dependiente. [9]

Las presiones a la baja del salario resultarán en una estrepitosa pérdida de su poder adquisitivo que de 1982 a 2018 asciende al 88.7 %. [10] Por otro lado, el propio Estado va a estimular la esfera de alto consumo que engrosa las filas de la burocracia de élite con altos ingresos.

Esta situación contrasta con el periodo de auge en la administración pública [11] (1970-1981), lo que nos permite hacer una hipótesis de carácter económico: el Estado ensanchó el consumo de algunos sectores estatales como mecanismo que buscaba compensar la oferta de un mercado interno constreñido por una industria nacional en declive.

El mismo Banco de México, en el informe anual de 1982, hace notar la caída de la producción de los bienes durables, que en ese año pudo ser compensada con la producción de bienes de consumo no duraderos, como harina de trigo y leche industrializada; a su vez señala la disminución del empleo prácticamente en todos los rubros, menos en el sector de servicios comunales, sociales y personales, que creció en 2.6 %.

"El incremento en la ocupación de esta actividad, atribuible en parte al aumento del personal del sector público, contrarrestó parcialmente la caída en el nivel general de ocupación. Debe señalarse que en 1982 este sector absorbió aproximadamente 30 por ciento del total del personal ocupado." [12]

Estas contenciones hacen que el Estado aumente un poco el poder adquisitivo para algunos trabajadores del sector público, lo cual deja de ser necesario en el momento en que se aseguran los nuevos lazos de dependencia productiva y comercial con EEUU mediante el TLCAN. [13]

Si analizamos la estructura porcentual del salario en los gobiernos estatales, de 1970 a 1980 hay una disminución de 10 puntos de quienes ganaban menos de 3 salarios mínimos, puntos que aumentan en el sector medio (quienes ganan entre 3 y 4 salarios mínimos), mientras que los que ganan más de 4 salarios no alteran su proporción. Es decir, hay un estímulo relativo para que el poder adquisitivo de este sector aumente un poco.

Para el periodo de 1990 a 2000, en las entidades podemos apreciar un aumento de personal con salarios altos y una disminución de quienes tienen salarios bajos.

Si bien hubo menos personas que ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos y un aumento de quienes ganaban entre 3 y 5 salarios mínimos, a la larga estos no podrán compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario. [14] Por el otro lado, quienes ganan de 5 a 10 salarios mínimos y más de 10, van a aumentar en número. Es decir, se estimula la polarización entre un sector con altos ingresos y uno con bajos ingresos.

Esta tendencia va a ser una de las características de los veinte años posteriores, si por ejemplo añadimos a la comparación el 2019, con una plantilla en las entidades que suma 2.5 millones de trabajadores obtenemos una mayoría que no rebasa los 5 salarios mínimos (el 59 %) y un estrato medio y alto que aumentan con respecto a los años anteriores. [15]

Pero no solo hay un aumento en la estructura porcentual, sino también un aumento salarial nominal. Es el caso de la burocracia estatal de élite, cuyos salarios y bonos estratosféricos aumentan año con año.

La esfera de alto consumo, al lado de otra de bajo, es una consecuencia del capitalismo en la región [16] y que el Estado capitalista en los tiempos del neoliberalismo estimuló al interior de la administración pública por dos razones:

1. Intenta compensar el bajo consumo popular (un mercado interno deprimido), con un consumo suntuario, accesible solo para sectores con elevados ingresos.

2. Esta burocracia estatal se subordina aun más a los intereses de las clases dominantes y vehiculiza sus intereses de formas más directas desde el aparato de Estado.

Este, por supuesto, no es el punto de vista de la retórica liberal y neoliberal, que han sostenido que los elevados sueldos son para evitar la corrupción de los funcionarios, ideología que no se sostiene frente a la realidad, solo de espaldas a ella. La corrupción ha sido una de las características de la burocracia altamente subordinada a los negocios de las clases dominantes, como lo prueban los innumerables beneficios ante las concesiones que otorgan, lo que se sabe por los denominados conflictos de interés que han imperado en este periodo o por las tragedias que visibilizan esta triangulación de intereses. [17]

Precarización laboral en el sector público

Como vemos, el ostentoso aumento salarial por un lado y el deterioro por el otro, es una consecuencia de las políticas neoliberales, pero no es el único aspecto. El Estado, con una deuda pública en aumento que compromete su presupuesto, requiere mayores recursos para solventar todos sus gastos. Razón por la cual recurre a la precarización laboral en la administración pública.

En el último cuarto del siglo pasado, de la mano de las nuevas tecnologías, el capital reestructuró sus procesos de trabajo y con ello se modificó la división social del trabajo a nivel internacional, lo que produjo una nueva morfología del trabajo. [18]

La aparición de esta nueva morfología responde en gran parte a la crisis del capital que, en su búsqueda por contrarrestar la caída histórica de su tasa de ganancia, recurre a diversos mecanismos de explotación laboral, esto supone la disminución del pago que se hace al trabajador y, en consecuencia, el aumento del trabajo impago (plusvalía) que se apropia la burguesía para sumarlo a sus ganancias. Esto lo puede conseguir de varias maneras por separado o combinadas: incrementando la productividad, extendiendo la jornada laboral, bajando el costo de la fuerza de trabajo o violando su pago, etc.

Pero para que estas varias maneras puedan realizarse, el trabajo tiene que ser inestable, flexible y polivalente, capaz de ajustarse a los incesantes cambios en la producción y a diversos tipos de trabajo, también se tiene que desreglamentar la jornada de trabajo, extendiéndola según las necesidades de la producción.

Este tipo de trabajo modificó las formas contractuales entre capital y trabajo, es así que se masificaron los de honorarios, servicios profesionales, outsourcing, a destajo, por horas, etc. Contratos que legalizan (normalizan) la ausencia o disminución de derechos laborales que el capital expropia para sumarlos a sus ganancias: jubilaciones, prestaciones, seguridad social, reparto de utilidades, etc.

Con las presiones del capital financiero, el Estado mexicano no tardó en emplear estos esquemas de contratación para expropiar fondos de consumo de la clase trabajadora (prestaciones, jubilaciones, seguridad social, etc.) y redireccionar esos recursos a un erario comprometido con los pagos de deuda.

Desde los setentas, los pagos de deuda han ido en constante aumento. En 2006, por ejemplo, el Estado destinó para el pago de la deuda pública la cantidad de 228.8 mil millones de pesos; para este 2021 se van a destinar 755.99 mil millones, un aumento del 230 % en 15 años.

Estos adeudos tienen su reverso con la contratación precaria en el sector público. Los datos que ofrece el INEGI en las dependencias estatales, [19] muestran que de 2010 a 2019 se mantienen en alrededor del 30 % las contrataciones inestables. En el Gobierno Federal sucede algo similar, aunque los datos disponibles más recientes datan de 2016.

Con los datos disponibles, podemos realizar la siguiente conjetura: La forma del sector público, que se consolidó en la década de los ochenta y principios de los noventa (principalmente con el salinismo), es la que en lo general se mantiene hasta nuestros días. [20]

Con la política de austeridad del gobierno de la 4T, se ha limitado un poco el oneroso salario de los altos funcionarios (que siguen cobrando más de 1 millón de pesos anuales), pero por otro lado, bajo este discurso “progresista” se ha agudizado la precarización de los trabajadores estatales y los despidos en las dependencias públicas. [21] En cuanto a la subordinación con el capital financiero, esta no se ha cuestionado en lo más mínimo, los pagos de la deuda son una prioridad para el Gobierno Federal.

En estos aspectos, no se están haciendo giros sustantivos. Por ejemplo, se puede ver que el gobierno federal no ha roto con la lógica de la precarización laboral, de 2018 a 2019 hubo un aumento de 130 mil 322 empleos, de los cuales el 70 % se hizo con contrato inestable. [22]

Y más recientemente, con la reforma que regula la subcontratación que impulsaron empresarios y gobierno, se verifica esta tendencia. Antes de esta reforma no existía algún artículo en Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que explícitamente permitiera o que prohibiera la subcontratación, pero en el marco de la Ley Federal del Trabajo esta modalidad violaba la ley al simular contractualmente una relación de trabajo. Con la nueva reforma, la cual fue modificada desde su versión original de acuerdo a las exigencias empresariales, se agregó un artículo que implica la legalización de la subcontratación de servicios especializados en el sector público:

"Artículo 10 Bis.- Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo." [23]

Conclusiones

Dada la profundidad del problema, una solución sustantiva tiene que apuntar a un aumento generalizado, y de emergencia, del salario para la mayoría de la población. Esto implica aumentos importantes, pues tan sólo para que su poder adquisitivo se recuperase en un 35 % (tomando los niveles de 1982), tendría que aumentar por lo menos hasta $390 MX y no los $141.7 MX como se aumentó este año. [24]

Esto implica la necesidad de una escala móvil de salarios, que aumente de acuerdo a la inflación y sea suficiente en todo momento para cubrir la canasta básica.

Este aumento sustantivo sería estéril si al unísono no se busca terminar con las contrataciones precarias y se comienza con un proceso generalizado de estabilidad laboral (basificación), ya que de no ser así se seguirá excluyendo al menos a 30 millones de trabajadores que laboran en la informalidad, tanto en las dependencias públicas como en el sector privado.

Estas dos exigencias, salario digno y basificación, son las que han venido planteando las y los trabajadores estatales. Por su parte, las autoridades actuales dicen que ellos no son los responsables y que pudiendo ser deseable, por el momento no es posible, ya que no hay recursos suficientes. Es decir, su argumento es un cálculo económico y no una urgente necesidad humana, que convenientemente no es usado cuando se trata de los pagos ilegítimos de la deuda pública.

También hay que reducir drásticamente el gasto para salarios y prebendas de los altos funcionarios para asignarlo en mayor proporción a los trabajadores de base resarciéndolos en salario y prestaciones "de ley" junto un mayor aporte presupuestal a obras sociales. Esto debe implicar que todo funcionario gane el mismo sueldo que un trabajador medio y se rijan los trabajadores bajo la contratación colectiva.

A estas exigencias hay que añadir centralmente la cancelación, sin renegociación, de la deuda pública. Por lo que se hace urgente la organización política e independiente de la clase trabajadora para lograr transformaciones sociales profundas y radicales, que primen las necesidades colectivas de la población por sobre los intereses de los capitalistas y los partidos a su servicio.

Para ello se tienen que poner a discusión los caminos de la organización de las y los trabajadores estatales, y por lo tanto abrir los debates actuales sobre el papel de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el STUNAM y demás organismos sindicales en todo este periodo. Lo que plantea la necesidad de recuperar a los sindicatos como herramientas de lucha, enfrentando a la burocracia sindical, y para ello levantar al interior de los mismos una perspectiva antiburocrática, democrática, desde la base, con independencia del Estado y los partidos del régimen.

 
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